La muerte del Tapón, "cacería" o "enfrentamiento entre familias"

La muerte de José C., alias Tapón, en octubre de 2023 tras ser tiroteado en la calle Torrelaguna de la barriada de Torreblanca, en octubre de 2022 está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Sevilla. Tras la constitución de los miembros del jurado, durante la primera sesión del juicio, las partes han expuesto sus relatos de cómo José Antonio N. N, alias el Yaki, y sus dos hermanos participaron, o no, en la muerte de José C. Mientras que la fiscal calificó la muerte de Tapón como "una cacería" basándose en varios audios donde uno de los acusados supuestamente afirma: "le cazó como a una liebre". Un juicio complicado donde la propia fiscal ha advertido que existen "contradicciones" entre los mismos testigos.

Además de la Fiscalía, las dos acusaciones particulares, que representan a los padres de José C., por un lado, y a la pareja e hijos de la víctima, por otro, sostienen la tesis del asesinato. "Los acusados esperaron dos en el porche de la casa y otro en la azotea y le dispararon varias veces apuntándole a él y al coche con escopetas de munición de postas", explicó Rodrigo Saldaña, que ejerce la representación de la pareja de la víctima, con la que tenía 6 hijos, otros dos de la pareja anterior. Para ellos, la única conclusión posible es que fue "un asesinato con alevosia".

Diferente es la versión de las defensas, que recuerdan que José Antonio N. N. "confesó los hechos, aunque no está de acuerdo con la calificación del delito". En concreto, su abogado recordó a los miembros del jurado los casos de Dolores Vázquez y el de José Bretón para mostrar cómo "ni los peritos son infalibles, ni los indicios". Es más, llegó incluso a indicar la posibilidad de que la muerte de José C. no fuera consecuencia de los disparos recibidos. El letrado explicó además que en el origen del enfrentamiento entre las familias está en la relación entre la hija de José C. y el hijo de José Antonio N. N., que no era aprobada por la familia de la víctima. "Esto se sumó a los años que llevaban en constante tensión entre las familias. Es más, el José C. amenazó en varias ocasiones a su hija con que iban matar a su novio y a toda la familia de su novio", argumentó el letrado". Fue entonces, cuando su José Antonio N. N. se sintió amenazado y "en una calle transitada en un día de mercadillo, la víctima cogió el coche y, en dirección contraria, se dirigió hacia la casa de los acusados".

Manuel Fernández Poyato, el abogado del segundo de los acusados, Manuel J. N.., advirtió al jurado que el caso es "casi una tragedia de Shakespeare" y afirmó que no hay muchos testigos a pesar de que la calle estaba muy transitada "porque hay mucho miedo a la familia de la víctima". Según el letrado su defendido, "ni siquiera estaba en el lugar de los hechos". Una tesis que también apunta para su defendido Mónica Gallardo. "Desde el inicio hemos sostenido que José Lucas N. N. no estaba allí".La letrada insistió en que los únicos testigos son la familia de la víctima, que además "habían dicho que aquí lo van a pagar todos". Gallardo recordó que en "las leyes gitanas, si alguien hace algo, lo paga su familia. De hecho, las casas de los tres acusados las quemaron y están ahora en manos de la familia de la víctima".

"Atrincherados" en el porche y la azotea

El Ministerio Público solicita para cada acusado veinte años de prisión por un delito de asesinato, un año y medio por un delito de tenencia ilícita de arma corta y nueve meses por un delito de tenencia ilícita de armas largas. También reclama que los tres indemnicen a los padres y los hijos del fallecido (ocho de dos parejas diferentes) con un total de 956.000 euros. La Fiscalía señala que la víctima tenía hermanos, pero se desconoce “por el momento” su número, filiación y edad. En cualquier caso, la acusación pública pide que los presuntos homicidas resarzan a cada hermano con 20.000 euros si son mayores de 30 años y con 26.000 si tienen 30 años o menos.

La Fiscalía relata en su escrito que los hechos ocurrieron sobre las 12:15 del 19 de noviembre de 2022. Los tres hermanos esperaron a José C.B. “atrincherados” en su vivienda de Torreblanca, en la calle Torrelaguna, debido a una “disputa” anterior que habían mantenido. El origen del conflicto era la relación sentimental que tenían los hijos del Yaki y del Tapón. Dos de los acusados se situaron en el porche del inmueble y el tercero subió a la azotea. Todos iban “armados con una escopeta de postas, al menos una escopeta de perdigones y un arma de fuego corta”. La acusación no detalla “qué arma utilizó cada uno”.

Cuando la víctima estaba llegando al domicilio en su vehículo, los acusados, “puestos previamente de acuerdo, en unidad de actuación y guiados por el ánimo de acabar” con su vida, le dispararon “en multitud de ocasiones de modo sorpresivo, sin posibilidad alguna para la víctima de protegerse o actuar”, ya que “iba desarmada”. Los procesados lo tirotearon “desde el indicado domicilio y desde la acera de enfrente”.

El Tapón, que tenía 40 años, sufrió “múltiples impactos por disparos de arma de fuego de proyectil múltiple (perdigones)” que impactaron en el cráneo, la cara, los miembros superiores, el tórax y el abdomen. La víctima acabó en estado vegetativo y falleció el 31 de octubre de 2023.

Los tres hermanos, que además “carecían de todo tipo de licencia de armas”, se encuentran en prisión provisional por esta causa desde marzo de 2023. La distancia temporal entre el crimen y su envío a la cárcel se debe a que todos huyeron de Sevilla y tardaron unos cinco meses en ser detenidos. Durante este tiempo la tensión entre familias aumentó hasta llegar al lanzamiento de unos cócteles molotov contra dos viviendas de la familia del Yaki. Las casas ardieron pero no hubo víctimas al estar vacías en ese momento.

La política entra en el Jurado

El tribunal del Jurado es una de las mejores demostraciones de la democratización de la Justicia, tanto que las acusaciones, defensas y el ministerio fiscal suelen aprovechar para explicar la función de cada uno de quienes intervienen en el juicio. Pero todo, dentro de las formas propias de un tribunal. Es típico que el o la fiscal comente que, aunque en principio acusa, sus conclusiones se ciñen siempre a las pruebas e indicios. En esta ocasión, además, la representante del ministerio público, como en otras ocasiones, recordó que los acusados no están obligados a decir la verdad y que además pueden contestar a quienes ellos consideren, no así en los testigos. Una afirmación que las defensas, continuamente, explican a los miembros del jurado. Pero en esta ocasión, uno de los letrados de la defensa, Manuel Fernández Poyato, tuvo una curiosa explicación: "tampoco la Fiscalía es infalible, solo hay que recordar que su Fiscal General está imputado". Una vez finalizada la sesión, el magistrado, Rafael Díaz Roca, recordó al letrado que Álvaro García Ortíz es "nuestro Fiscal General porque es de todos los españoles, pero es que además que el tema que se está juzgando, como es el asesinato de una persona es lo suficientemente grave como para traer al juicio otros temas. Los comentarios sobre temas ajenos a esta vista, los pueden hacer fuera".