La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo ha sido el primero de los siete ex altos cargos condenados por el caso de los ERE en entrar voluntariamente en prisión. A partir de hora, y a la espera de que los otros condenados vayan ingresando en la cárcel, se inicia un protocolo penitenciario que se les aplicará a cada uno de ellos, como a cualquier persona que es encarcelada para cumplir una condena.

El protocolo penitenciario establece que nada más acceder al recinto penitenciario, el reo tiene que ofrecer sus datos de filiación. A continuación, los funcionarios le toman las huellas dactilares a la persona, quien poco después es conducida al departamento de ingresos del centro penitenciario, donde pasa su primera noche privada de libertad.

Según fuentes penitenciarias consultadas por este periódico, lo normal es que los ex altos cargos de los ERE sean trasladados a uno de los denominados "módulos de respeto", que están considerados como los mejores módulos de la cárcel, donde hay un perfil de interno que no es nada conflictivo.

En los primero días, cada condenado es acompañado en su celda por otro interno, ya que la dirección de los centros establecen, como norma general, que los nuevos penados no estén solos en estos primeros momentos. El protocolo penitenciario determina que, tras la instrucción de derechos y deberes al nuevo recluso, se le haga entrega de un kit con objetos higiénicos y se le permita, si lo desea, telefonear a su familia y a su abogado, para que el penado les informe sobre dónde y cómo se encuentra. En las horas siguientes a su encarcelamiento también se le realiza el examen médico preceptivo. 

A partir de su entrada en prisión, el director del centro dispone de un plazo de 72 horas para comunicar la situación a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de la ejecución de la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE. 

Cuatro entrevistas en el centro penitenciario

Los ex altos cargos pueden permanecer un máximo de cinco días en el departamento de ingresos, donde están aislado del resto de la población reclusa. Durante estos días, cada inteno mantendrá cuatro entrevistas con personal del centro penitenciario. En concreto, con un educador, un trabajador social, un psicólogo y un jurista, quienes completarán un perfil del condenado desde estas distintas perspectivas.

Como culminación de este proceso, los profesionales del centro realizarán una propuesta de separación interior, para alojar a los ex altos cargos en alguno de los módulos de las cárceles. De esta forma, se busca integrar al condenado con el grupo de penados más idóneo de acuerdo a sus características personales, sociales, psicológicas y criminológicas. 

El proceso continúa después cuando la junta de tratamiento de la prisión realice una propuesta para la clasificación penitenciaria de los ex altos cargos, que suele tardar unos dos meses. Lo normal es que sean clasificados en segundo grado penitenciario, el régimen ordinario del que disfruta la mayoría de la población reclusa del país.