Asociaciones judiciales

Las tres principales asociaciones judiciales piden responsabilidad a los medios ante el juicio del niño Gabriel

  • Recuerda la necesidad de una información veraz

Ana Julia Quezada (de rojo), la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, en una reconstrucción de los hechos Ana Julia Quezada (de rojo), la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, en una reconstrucción de los hechos

Ana Julia Quezada (de rojo), la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, en una reconstrucción de los hechos

El próximo 9 de septiembre comienza el juicio del asesinato del niño Gabriel Cruz en la Audiencia Provinicial de Almería. Con este motivo, tres asociaciones judiciales de España (Asocación Profesional de Magistratura, Asocación Judicial Francisco de Vitoria y Jueces y juezas para la Democracia)han recordado la necesidad de no dar difusión a los rumores y han solicitado un ejercicio de responsabilidad por parte de los medios de comunicación mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la  información con la protección constitucional de las partes intervinientes.

Las tres asociaciones piden que se respete la intimidad del menor y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada y extienden esta petición "a todos los casos mediáticos en curso o por venir por ser una asignatura pendiente en nuestra sociedad".

Los jueces recuerdan que el 13 de abril de 2018, el Consejo Audiovisual de Andalucía, emitióun informe cualitativo sobre el tratamiento dado al caso Gabriel en el que se concluyó, tras el análisis de varios programas televisivos que se había incurrido en "difusión de rumores, informaciones erróneas e hipótesis inculpatorias".

Asimismo el informe señaló la "utilización de la voz de autoridad" de forma interesada, "“difusión de datos personales", "morbo, espectacularización y explotación sentimental", y "difusión de imágenes violentas y politización del debate", entre otras cuestiones.Las tres asociaciones reconocen que en los últimos tiempos, "asistimos a un creciente interés del público y de la prensa por los casos denominados mediáticos y a un cambio sustancial en su tratamiento informativo". En el comunicado emitido conjuntamente por las tres asociaciones reconoce que el derecho a la información está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental y, "en estos casos, nadie duda de que hay interés público. Por tanto, hay un derecho social de ejercicio individual a recibir información veraz de los medios de comunicación, cuya función democrática es incuestionable". 

Prudencia y responsabilidad

El comunicado hace una llamada a la prudencia recordando que en este tipo de juicios "no se protege de igual forma el derecho de los investigados a un juicio justo con todas las garantías conforme al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pasa por el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia. Se difunden datos e imágenes de ellos sin especial relevancia en el caso y, a menudo, asistimos a debates televisivos y en prensa en los que se da por sentada su culpabilidad". 

Pero, sobre todo, el comunicado resalta la necesidad de respetar el derecho de la víctima a que se tenga en cuenta su derecho a la intimidad y a la imagen. "En concreto, se incumple sistemáticamente lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que establece que "los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social".

Voluntad de los padres de Gabriel

Además, señala que en el caso de Gabriel Cruz se añade que "algunos medios de comunicación no han respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca de los padres a que se respete la memoria de su hijo y no se haga del juicio un “circo mediático”". En este sentido, "además de haberse difundido información que pudiera incumplir el Estatuto de la Víctima y vulnerar el derecho a la intimidad familiar, se ha obviado la voluntad de los directamente afectados".

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