¿Quién paga a los abogados de los políticos de los ERE?

Un proceso que se dilata en el tiempo como el de los ERE es una dura prueba económica para los despachos de abogados. No sólo por el tiempo de las sesiones de la vista oral, sino por el estudio de la ingente documentación. Horas de trabajo y un coste de tiempo que ha impedido, en algunos casos, asumir nuevos asuntos. La Junta de Andalucía se ha negado sistemáticamente a pagar la defensa de los ex altos cargos.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía establece la obligación de asumir la defensa de los altos cargos imputados salvo si existe incompatibilidad material. Según este Gabinete, al estar personada la administración andaluza como perjudicada, se daba la incompatibilidad. Para estos casos, se prevé la posibilidad de que el afectado contrate a un abogado y procurador de su elección. Ahora bien, con unas condiciones introducidas por la Consejería de Hacienda que han anulado los tribunales como fijar un mínimo de 18.000 euros de minuta. Esta cantidad es el límite fijado para los contratos menores del sector público. No es la única condición, previamente debe existir una sentencia absolutoria.

Sentencias en contra a de la minuta fijada por la Junta

El problema llega cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece que el límite de 18.000 euros "vulnera claramente la garantía de indemnidad" porque lo lógico es aplicar los honorarios fijaos por los colegio de abogados y procuradores. Además el TSJA resolvió que el derecho de defensa "quedaría gravemente afectado" si los gastos "no se asumen y abonan hasta que se dicte resolución judicial firme y que se puede demorar sine die en una causa tan compleja y de larga duración".

En otra sentencia, esta del juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla, respecto a la condición que la absolución previa, el magistrado señaló la posibilidad de que la resolución que ponga fin al procedimiento no entre en calorar el fondo de lal asunto al aplicar, por ejemplo, un criterio de prescripción. El juez añadió en este caso el posible agravio comparativo del ex interventor general, Manuel Gómez, quien inició el procedimiento, puesto que aportó a la causa documentos que demostraron que que la Administración había tenido un comportamiento diferente con otros imputados.

El primero de los abogados que recibió sus honorarios fue la entonces defensa del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que recibió 20.650 euros el 21 de julio de 2012. En abril de 2019, la Junta de Andalucía aceptó pagar 90.000 euros a la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez para abonarlo, tanto a su abogado como a la persona que realizó el informe pericial. Un informe técnico del gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía con fecha de 10 de abril de 2019 propuso que se pague. Estos 90.000 euros tiene como concepto "provisión de fondos". La defensa de Magdalena Álvarez reclama una minuta de 255.000 euros.

Griñán, Chaves y Zarrías

Ha habido de todo. María José Montero, ministra de Hacienda en funciones, y entonces consejera de Hacienda negó el reconocimiento al pago de la defensa de José Antonio Griñán. El ex presidente de la Junta prefirió asumir el coste de su abogado antes que presentar un recurso contra la Administración que había presidido. Manuel Chaves, ni siquiera llegó a solicitar que se le pagaran los honorarios de su defensa. Al ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que presentó un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta de Andalucía.

El caso de los procesados pertenecientes a IFA/IDEA es diferente porque estas entidades contaban con una póliza de responsabilidad para sus altos cargos con Arch Insurance entre abril de 2009 y marzo de 2013, que cambió a QBE Insurance entre abril de 2013 y marzo de 2014. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla determinó en diciembre de 2017 que Arch Insurence es quien debe hacer frente a los gastos de defensa y fianza de los acusados porque en los ERE se investiga la "presunta trama que se habría llevado a cabo a través de actos continuados". La Audiencia rechazó el intento de la aseguradora de de excluir la cobertura porque el Juzgado de Instrucción 6 imputaba a los altos cargos "delitos dolosos que no admiten comisión por imprudencia". Los jueces estimaron que para eso era necesario que el asegurado "les reconozca tal carácter o sea declarado por sentencia firme".