Los honorarios de los abogados de los ERE La Junta acepta pagar 90.000 euros a Magdalena Álvarez para su defensa

  • El Gobierno de Susana Díaz negó al ex presidente Griñán la posibilidad de abonar los emolumentos de su abogado

La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, en su declaración en el juicio de los ERE. La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, en su declaración en el juicio de los ERE.

La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, en su declaración en el juicio de los ERE. / Raúl Caro / EFE

La Junta de Andalucía ha aceptado pagar 90.000 euros a la defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez por su intervención en la macrocausa de los ERE, aunque su abogado había reclamado una cuantía superior debido a que también se tuvo que costear el pago del informe pericial elaborado por un catedrático que intervino en el juicio del “procedimiento específico” que finalizó en diciembre de 2018 y actualmente está a la espera de sentencia.

Fuentes de la defensa de Magdalena Álvarez confirmaron ayer a este periódico que un informe técnico del gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda de la Junta emitido el 10 de abril –con el actual Gobierno andaluz de PP y Cs– propone que se acceda al pago de esa cantidad a la defensa de la ex consejera. El proceso administrativo está actualmente en “plazo de alegaciones”, por lo que aún no se ha hecho efectivo el abono de ninguna cantidad al letrado de Magdalena Álvarez.

En esos 90.000 euros, que serían entregados en principio en concepto de “provisión de fondos”, se incluyen los honorarios derivados de la intervención del letrado en la fase de instrucción, tras la imputación de Magdalena Álvarez en el año 2013, y de la celebración del juicio, que se prolongó durante un año.

El letrado de Magdalena Álvarez había reclamado una cuantía superior a la concedida por el conjunto de gastos ocasionados con motivo de su defensa en la macrocausa de los ERE, incluido el informe pericial elaborado por Juan Ramallo Massanet, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid.

El hecho de que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía haya asumido el pago de los gastos de las defensas de los ex altos cargos se produce después de que varias sentencias de juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hayan obligado a la Administración al abono de los honorarios de los acusados.

En cualquier caso, la decisión en el caso Magdalena Álvarez contrasta con la adoptadas con otros ex altos cargos que han sido enjuiciados en los ERE, sobre todo con el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, a quien la anterior consejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda en funciones, María José Montero, negó el reconocimiento del derecho al pago de los honorarios de su defensa, argumentado que la petición había sido presentada fuera de plazo.

El ex presidente de la Junta podía haber recurrido esa decisión ante los tribunales de la jurisdicción Contencioso-administrativa, que previsiblemente le daría la razón tras las distintas sentencias dictadas y porque según considera su defensa no hay realmente plazos para solicitar el abono de la defensa, pero el ex presidente de la Junta prefirió asumir el coste de su defensa antes que llevar a la Administración que había presidido a los tribunales.

Por su parte, el otro ex presidente de la Junta enjuiciado en los ERE, Manuel Chaves, ni siquiera llegó a solicitar que se le reconociera el derecho al pago de los honorarios de su defensa.

Quién sí lo solicitó y le fue denegado por la Junta la asunción de la minuta de su letrado fue el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, quien incluso ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta, según explicó en su momento su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda.

La Justicia reconoció el derecho a que se abonen los honorarios y sin el límite de 18.000 euros

La controversia respecto al pago de los honorarios radica en el Reglamento de Organización y Funciones del gabinete jurídico de la Junta, que establece la obligación de asumir la defensa de los altos cargos imputados excepto cuando exista una incompatibilidad procesal.

En este caso, esta incompatibilidad se producía porque la propia Junta de Andalucía ejerce la acusación particular en la macrocausa de los ERE y de ahí que los letrados que forman parte del gabinete jurídico no pudieran asumir la defensa de estos ex altos cargos.

La Consejería de Hacienda introdujo varias restricciones a este derecho, como que no se podía pagar más de 18.000 euros por estos honorarios –el límite previsto para los contratos menores del sector público– y que hubiera una sentencia absolutoria del acusado, pero estas restricciones fueron finalmente anuladas por las sentencias dictadas por los tribunales.

Un juzgado de lo Contencioso primero y el TSJA después confirmaron que ese límite de 18.000 euros “vulnera claramente la garantía de indemnidad” y según el Alto Tribunal andaluz, lo lógico es aplicar los honorarios fijados por los colegios profesionales de abogados y procuradores.

Algo distinto ha ocurrido por ejemplo con el ex consejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo en otra de las macrocausas que se investigan en los juzgados de Sevilla, la de las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, donde la Junta ha asumido su defensa en relación con las ayudas concedidas a la empresa Servivation.

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