La Audiencia de Sevilla enjuicia desde la semana pasada el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

La Fiscalía y las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A señalan varios mecanismos para llevar a cabo el fraude, entre ellos los denominados rápel y bote, con los que supuestamente se financiaba irregularmente el sindicato, "a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" para lo cual se utilizaron principales estos dos procedimientos.

Pero, ¿qué son el rápel y el bote? El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto señaló en un informe remitido en su momento al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras, según el Ministerio Público, fue inspiración directa de Manuel Pastrana -que no ha sido juzgado por motivos de salud- según lo manifestado por el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana", añade.

La Fiscalía relataba que el núcleo de decisión del sindicato se concentra desde el punto de vista orgánico en la "comisión ejecutiva", por lo que este órgano y "singularmente los acusados, no sólo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

Dice el fiscal que a través del descuento conocido como rápel "se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración". Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este rápel, proseguía Anticorrupción, se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

Así se nutría el bote

En cuanto al bote, con esta figura el sindicato encargaba la elaboración de "facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas". Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. "Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

El fiscal destacó que en la rendición de cuentas que Federico Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva se incluía el "monto obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión”.

Este rápel lo pagaban empresas con una intensa relación de proveedores de UGT, y pese a que algún responsable del departamento de compras, Dolores Sánchez, intentó incorporar nuevos proveedores, Federico Fresneda "sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad, a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato y en definitiva las arcas públicas".

En cuanto al bote, el fiscal recuerda que llegó a tener una plasmación "contable y registral" en la aplicación informática Spyro, que contaba con apartados para asentar tales anotaciones "al margen de la legalidad". Esto no sólo fue inspirado por cargos del sindicato, como María Charpín, sino que su "encargo, aprobación y pago fue realizado desde la comisión ejecutiva". Es más, según las declaraciones de Roberto Macías, Pastrana nombró a María Charpín para la ejecutiva “con esta finalidad”.