El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido al juez que archive la causa en la que está investigado por las ayudas concedidas al evento denominado “Una Pará en Gines”. Su abogado argumenta que las cuatro subvenciones directas excepcionales se otorgaron según el procedimiento adecuado, con los preceptivos informes, con motivación suficiente y controladas por la Intervención. “Lo arbitrario hubiera sido negarlas”, mantiene.

En su escrito, al que tuvo acceso este periódico, el abogado de Villalobos  indica que a pesar de que el informe jurídico no era preceptivo, “en aras a incrementar la seguridad jurídica” lo solicitó al Secretario General, lo que significa que “empleó toda la diligencia debida en un buen gestor público, sometiéndose voluntariamente al criterio autorizado de un cualificado funcionario público”.

En el expediente administrativo consta “que ninguno de dichos informes fue desfavorable ni hubo un reparo de la Intervención”, alega.

La Guardia Civil “confunde subvención directa y excepcional”

El escrito afirma que “la concepción que impregna los atestados de la Guardia Civil y el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía” aportados a la causa “parece confundir los  conceptos de subvención directa y subvención directa excepcional”.

Estas últimas son aquellas en las que se acreditan “razones de interés público, social, económico o humanitario que dificulten su convocatoria pública” y por ello el presidente de la Diputación no podía “por su sola voluntad“ acudir al procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, algo que “no es opcional para los gestores públicos”.

Discrecionalidad no es arbitrariedad

El juez de instrucción 6 de Sevilla tomó declaración a Villalobos en marzo, tras imputarle junto con el ex diputado socialista Antonio Pradas y otros ocho altos cargos de la Diputación por la concesión año tras año de “subvenciones extraordinarias” a “La Pará” de Gines “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”.

Sobre el supuesto déficit de motivación, la defensa dice que un acto de discrecionalidad “en ningún modo cabe confundir con un acto de arbitrariedad”. Por el contrario, existen varias soluciones en Derecho y todas ellas “se ajustarán al ordenamiento jurídico”.

A juicio de la defensa, “no cabe duda alguna de que los fondos públicos se destinaron al fin para el que fueron concedidos”, sin  que haya aparecido “rastro, vestigio o indicio alguno de desviación o apropiación alguna para fines particulares“.

Existe además una “garantía reforzada” derivada de quién solicitó las ayudas, el Ayuntamiento como entidad pública. Los fondos otorgados, por ello, fueron “objeto de un doble control” por parte del interventor de la Diputación y el secretario del propio Ayuntamiento.