Piden seis años a un guardia civil acusado de robar tabaco de contrabando

La Fiscalía de Sevilla solicita seis años y medio de cárcel para un guardia civil de Mairena del Aljarafe acusado de falsificar una orden judicial de entrada y registro en un bar para robar una partida de tabaco de contrabando. También le acusan de facilitar a sus compinches chalecos y placas policiales para hacerse pasar por agentes y dar credibilidad a la operación.

En el caso hay tres acusados que serán juzgados la próxima semana en la Audiencia de Sevilla, aunque la defensa del agente niega su participación en el delito y otro procesado apela a la atenuante de la “dilación extraordinaria” del proceso.

Según la Fiscalía, el agente D.R.V. era guardia civil en servicio activo en la policía judicial de Mairena. Valiéndose de tal condición y habiendo tenido conocimiento de que en el bar podría encontrar tabaco de contrabando, previamente concertado con él también acusado Jaime S.A. procedieron a elaborar un documento que aparentaba ser un mandamiento judicial de autorización de entrada y registro en dicho bar.

Falsificaron el documento mediante reproducción con tecnología láser y estamparon un sello del juzgado de lo penal 12 de Sevilla que había sido escaneado de uno original obtenido por el acusado de una citación judicial que le llegó.

A la vez, valiéndose de su condición de guardia civil, el 6 de mayo de 2016 adquirió en un establecimiento de venta de uniformes dos chalecos reflectantes y dos carteras porta placas con el anagrama de la Guardia Civil.

Tanto el mandamiento por ellos confeccionado como las placas y chalecos fueron entregados al también acusado Manuel E.A., quien en una fecha no concretada de principios de mayo de 2016, junto con otro individuo no identificado, se dirigió al bar y tras identificarse como agentes de la Guardia Civil, exhibiendo la placa insignia, “se propusieron realizar un registro del local con intención de apoderarse del tabaco de contrabando que pudieran encontrar”.

No pudieron culminar su propósito ante la presencia de numerosos clientes en el local, que los determinó a abandonar el lugar.

El fiscal pide para el agente cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, además de una multa de 14 meses con cuota diaria de 12 euros (5.040 euros). Por otro delito de usurpación de funciones públicas le pide dos años de prisión.

El acusado Jaime S.A. se enfrenta a un delito de uso de documento falso por particular, por el que el fiscal solicita dos años de prisión. Por el delito de usurpación de funciones públicas, le piden otros dos años después prisión.

Manuel E.A. será juzgado por usurpación de funciones públicas, con una petición de dos años de prisión.

La defensa del guardia civil muestra su disconformidad con el escrito de acusación “por no ajustarse el relato a la realidad de los hechos”, mientras que el abogado de Manuel E.A. afirma que “no son ciertos los hechos por los que se pretende encausar“ a su cliente y solicita la libre absolución.

De manera alternativa argumenta como atenuante la “dilación extraordinaria e indebida del procedimiento”.

“Este letrado no entiende las razones por las que la instrucción se ha extendido más allá de lo que prescribe el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues no se dan a nuestro juicio los supuestos por los que debió estimarse la prórroga de la instrucción y mucho menos la consideración de una causa compleja”, indica en su escrito de calificación.