El juez que investiga presuntos vertidos contaminantes al Guadalquivir en tres depuradoras de Emasesa ha archivado la causa respecto a José Losada, diputado en el Congreso por el PSOE y ex delegado de Medio Ambiente en Sevilla, y otros cargos técnicos provinciales, pero ha pedido el organigrama de los altos cargos de la consejería como responsables “directos y exclusivos” de las obras de adaptación necesarias en esas depuradoras que no se llevaron a cabo.

El juez de instrucción 6, en un auto al que tuvo acceso este periódico, archiva tanto respecto a Losada como a su antecesora, María Dolores Bravo, y tres responsables de la sección de informes y sanciones.

Ello a pesar de que “su inacción fue manifiesta, habiéndose incoado un solo expediente sancionador  y una vez iniciada la presente causa, pese a que los controles de vertido venían ofreciendo una clara superación de los límites reglamentarios”.

Pero “las posibilidades de actuación de los responsables de la delegación provincial en Sevilla habrían de resultar muy limitadas, pues lo cierto es que la adopción de medidas preventivas o sancionadoras difícilmente podrían permitir alcanzar la finalidad pretendida de evitar o revertir la situación ilícita concurrente” pues la solución definitiva y eficaz para evitar los vertidos pasaba por la realización de unas obras de adaptación de las depuradoras que “eran responsabilidad directa y exclusiva de los servicios centrales de la consejería de Medio Ambiente”.

Pide el organigrama de Medio Ambiente entre 2010 y 2020

Por tanto, el juez libra oficio a la Junta para que informe del organigrama de la consejería de Medio Ambiente con sus sucesivas denominaciones desde julio de 2010 hasta septiembre de 2020, con “indicaciones de los cargos directivos, consejero, vice consejero, directores generales y secretario general”, incluyendo organismos adscritos y órganos colegiados con competencias en materia de protección del medio ambiente y personas que han sido titulares de cada uno de dichos cargos”.

El juez archiva también la causa respecto a los jefes de planta de las tres empresas con las que Emasesa tenía contratada la explotación, mantenimiento y conservación de sus depuradoras de Tablada, San Jerónimo y Copero.

El auto  analiza la “capacidad de actuación que tenían los investigados para modificar la situación o mejorarla con cierta trascendencia” y concluye que las entidades adjudicatarios y sus responsables, aún cuando ejercían de forma directa la gestión de las depuradoras, “no estaban facultados para implantar medidas de mejora en la depuración sin la previa autorización de Emasesa”.

El delito contra el Medio Ambiente “es de peligro hipotético”

El juez José Ignacio Villaplana insiste en que de las diligencias hasta la fecha practicadas “concurren indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente” teniendo en cuenta que se trata de “un delito de peligro que no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico protegido”, de modo que se trata de un “delito de peligro hipotético” en el que “no es necesario que se llegue a producir una lesión, y ni siquiera el resultado del peligro ha de ser probado”.

En este caso, “se han obtenido indicios de que en las tres estaciones depuradoras mencionadas los agentes y sustancias contaminantes podrían afectar gravemente al medio receptor de los correspondientes vertidos de aguas residuales, ocasionando así un potencial perjuicio a las aguas públicas declaradas zonas sensibles y, por lo tanto, de especial protección medioambiental”, con el  consiguiente “grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales”.