El perito judicial que ha analizado los vertidos de nitrógeno y fósforo al Guadalquivir procedentes de las depuradoras de Tablada, El Copero y San Jerónimo, gestionadas por Emasesa, ha concluido que la única “eliminación eficaz” pasa por la ejecución de instalaciones que son competencia de la Junta de Andalucía y del gobierno central. Además, respecto a los posibles daños al parque de Doñana, afirma "sin género de dudas" que las aguas residuales urbanas  de esas depuradoras "no están afectando negativamente al medio receptor”.

En un peritaje de 174 folios, al que tuvo acceso este periódico, el experto  judicial concluye que para “conseguir una eliminación eficaz de nitrógeno del agua residual urbana” de esas tres depuradoras “no resulta verosímilmente aplicable ninguna estrategia que no pase por la ejecución de una instalación específica de tratamiento terciario para eliminación de nitrógeno (y paralelamente de fósforo)”.

Esta ha sido la línea defendida desde el primer momento por José Antonio Salazar y Borja Llanza Primo de Rivera, abogados de los técnicos y altos cargos de la empresa municipal de aguas de Sevilla que están imputados por un presunto delito ecológico en el juzgado de instrucción 6, denunciados por Ecologistas en Acción y la Fiscalía de Sevilla.

En la causa están investigados, entre otros, José Losada, actual diputado en el Congreso y ex delegado de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla;  su antecesora Dolores Bravo; Salvador Camacho, ex secretario de Medio Ambiente; y Charo Montes, jefa del Departamento de Informes y Sanciones de Medio Ambiente; así como el ex consejero delegado de Emasesa Jesús Maza y al actual responsable de la empresa municipal Jaime Palop.

Sobre los presuntos daños medioambientales al Guadalquivir, el peritaje afirma que “se puede acreditar sin género de dudas que el agua residual urbana depurada” en esas tres instalaciones “no afecta al medio receptor”. “Cuestión distinta es que, como medida de higiene medioambiental, cualquier parámetro con potencial  incidencia ambiental deba reducir sus niveles de emisión”, pero tanto los procedentes de los vertidos agrícolas y ganaderos como de los urbanos, añade el perito Rafael Marín Galvín, jefe de control de calidad de la empresa de aguas de Córdoba (Emacsa).

La única forma de conseguir una “eliminación eficaz” del nitrógeno en las aguas residuales urbanas pasa por la construcción de “una instalación específica de tratamiento terciario para su eliminación”, afirma el peritaje, y añade: “No sería viable una optimización en la eficacia del tratamiento secundario actual enfocada a lograr que el nitrógeno orgánico fuese reducido a nitratos ni tampoco mejoraría el resultado en  cuanto a la reducción del contenido en nitrógeno en el agua depurada”. 

“El tratamiento secundario aplicado ha sido eficaz”

El perito concluye que, a la espera de las nuevas estaciones depuradoras, todos los años entre 2013 y 2017 las evaluaciones de datos demostraron que se cumplía el “valor límite establecido de los porcentajes de reducción de sólidos en suspensión, demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno”,  con lo cual “se concluye que el tratamiento secundario aplicado ha sido eficaz”.

Con relación al amonio, los datos disponibles indica que “se ha respetado el límite de vertido”, aunque las instalaciones analizadas no están diseñadas para su eliminación o reducción. Pese a ello, “los valores del efluente no son especialmente distintos de los obtenidos en otras Estaciones Depuradoras con tratamientos secundarios similares”, afirma el perito.