No cabe duda que toda Institución, sea del ámbito que fuere, tiene completo derecho a expresar su legítima opinión en los asuntos que fundamentalmente le competen. Me consta que el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, fundado hace cientos de años, está dirigido en la actualidad por una Junta de Gobierno sensata y responsable, incluso me enorgullezco de gozar de la amistad de varios de sus miembros, así como me considero leal admirador de su Vicedecano, con quien he tenido la inmensa fortuna de compartir horas de despacho, recibiendo su importante magisterio sobre la profesión de la Abogacía. Por tanto, escribo estas líneas desde el cariño anterior, pero con la contundencia que la situación, a mi modo de ver, requiere en este extraordinario momento.

El motivo de este escrito se debe a las noticias, que por diversos medios, hemos conocido acerca de la manifestación del absoluto rechazo del Colegio de Abogados de Sevilla a la posible celebración de juicios en agosto, dado que aquello chocaría frontalmente con el derecho al descanso y a la conciliación del Abogado, como medida urgente frente a la situación judicial derivada del Covid-19.

Nadie cuestiona que estamos ante la mayor crisis sanitaria global, hasta ahora, de la época contemporánea, que tan sólo en nuestro país supera los cientos de miles de contagiados y las decenas de miles de fallecidos. Tampoco se pone en duda que a la crisis sanitaria, le está sucediendo de manera inmediata una crisis económica difícilmente comparable con alguna anterior, que fundamentalmente se ha ensañado con la destrucción de empleo y el cierre, al menos temporal, de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. De manera que, la multiplicación del conflicto jurídico es inevitable y, por tanto, requiere inmediatamente de la labor de todos los operadores jurídicos, como garantes de los derechos fundamentales y las libertades públicas, frente a quien fuere, del ciudadano.

En este contexto, en el que todos los sectores de la sociedad civil están dando, de alguna manera, lo mejor de sí mismos, trabajando arduamente en la disciplina que le corresponde, con la solidaridad y el compromiso por bandera, siendo conscientes de la necesidad de renunciar a determinado bienestar en pro de los demás, nos encontramos con esta oposición del Colegio de Abogados a trabajar en agosto para no afectar al derecho al descanso y a la conciliación del Abogado. Y llegado a este punto, como Abogado que he tenido la suerte de vivir la profesión de quienes la consideran algo más que una mera labor, me pregunto: ¿Esta es la imagen que queremos dar los Abogados a la sociedad en estos momentos de completa desgracia? ¿Así estamos demostrando que nuestra prioridad en estos tiempos extraordinarios es la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos? ¿Así creemos que debemos proceder cuando otros profesionales están jugándose la vida en el ejercicio de su trabajo? ¿Así nos reivindicamos frente a la sociedad como una profesión esencial? ¿Así queremos ganarnos el respeto del ciudadano o de otras Instituciones?

Sea como fuere, y dicho con el mayor decoro posible, la posición Institucional adoptada por el Colegio de Abogados de Sevilla se aleja de la configuración del Letrado como pieza fundamental del Estado de Derecho, minusvalorando su necesidad e importancia en momentos complicados y se torna, en los tiempos que corren, en una actitud egoísta frente a la sociedad y frente a la propia Abogacía, que sí está respondiendo con responsabilidad a la realidad de los hechos.

Los días de absoluta excepcionalidad que vivimos requieren, sin duda, del concierto y de la solidaridad de todos los profesionales que intervenimos en ámbitos esenciales y, por ello, debe reclamarse que el Colegio de Abogados esté a la altura de las circunstancias de la ocasión, planteando alternativas viables para solucionar el problema, y orillando actitudes completamente impeditivas. Sólo así, la sociedad entenderá a los Abogados y a su Colegio como necesarios e indispensables.