Opinión

¿Palmas a Palmas Altas?

  • El autor es magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 9 de Sevilla y fue miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En este artículo reflexiona sobre las prioridades que deberían guiar la instalación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas

¿Palmas a Palmas Altas?

¿Palmas a Palmas Altas?

Las “Ciudades de la Justicia”, entendiendo por tales  edificios con instalaciones modernas, en la que se encuentren ubicados todos los juzgados y tribunales, son, en principio, un bien para el adecuado desarrollo de la labor judicial.

No creo que sobre esta afirmación pueda existir discrepancia. Un lugar en el que se encuentren centralizados todos los  servicios relacionados con la impartición de Justicia  resulta, en una primera aproximación, un elemento favorecedor de la mejor prestación de los mismos. Para los profesionales, cualquiera que sea su función en este complicado mundo judicial, si es que el edificio reúne las condiciones imprescindibles para el desarrollo de las labores del ramo, y también para los ciudadanos, que son los destinatarios de este trabajo de jueces, fiscales, forenses, letrados de la administración de justicia, funcionarios judiciales, abogados, procuradores y demás intervinientes en los procedimientos judiciales.

Sirva esta introducción para dejar claro que no encontrarán en mí oposición frontal de inicio a la adopción de cualquier medida que ayude al mejor desempeño de tan alta función. “Ciudades de la Justicia” hay en muchos partidos judiciales, sirvan como ejemplo Barcelona, Valencia o nuestra vecina Málaga, y funcionan muy bien, respondiendo a las necesidades de los usuarios, en un sentido amplio, de las mismas.

Es lo cierto que son “Ciudades de la Justicia”, pero menos, porque no siempre todos los órganos judiciales se encuentran en estas modernas sedes, y los que no lo están continúan ocupando su lugar en los clásicos edificios señoriales, que comúnmente conocemos como el edificio de la Audiencia, céntricos en las ciudades, que, por otro lado, bien mirado, no eran otra cosa que “Ciudades de la Justicia” de hace unas cuantas décadas.

Clara esta postura genérica favorable a este tipo de instalaciones, es preciso analizar las circunstancias de cada ciudad concreta, en este caso Sevilla. No creo que pueda hablarse de dispersión geográfica de las sedes judiciales en nuestra ciudad. En dos o tres manzanas, muy cercanas al Apeadero de San Bernardo, se encuentran ubicados el grueso de los juzgados de la capital y los de instrucción, la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia están a un paso, en el Prado de San Sebastián.

Analizando este elemento de las coordenadas no es preciso el traslado. A distinta conclusión se llega si analizamos otra coordenada importante, como es el estado de de estos edificios. Las condiciones de trabajo de algunos magistrados de la Audiencia y del Tribunal Superior de Justicia, que en no pocos casos comparten entre cuatro el reducido espacio de una habitación, o de los edificios Viapol o Noga, que no tienen un lugar medianamente digno para que los profesionales y particulares esperen su momento para entrar en la Sala de Vistas, sí aconsejan una mejora sustancial. Por tanto, no por la disgregación de sedes judiciales, pero sí por las condiciones de las instalaciones, es conveniente que la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, intervenga para mejorar la prestación de la Justicia. Repare el lector en la utilización, nada casual, del verbo mejorar.

Nos debemos preguntar si es Palmas Altas la alternativa que produce esa mejora. La ubicación no ayuda. No es lo mismo que las sedes judiciales estén sitas en el centro económico de la ciudad, comunicado extraordinariamente por todo tipo de transporte público, incluidas otras ciudades con la cercana estación de Santa Justa, que trasladarlas a una zona de nueva expansión, carente aun de este tipo de comunicaciones. No es positivo ni para los trabajadores ni para los justiciables. En Madrid no se ha levantado la proyectada “Ciudad de la Justicia” por la oposición de la comunidad jurídica al lugar donde se pretendía ubicar, en la lejana zona de Valdebebas, próxima al aeropuerto de Barajas.

Pero junto a este inconveniente, que es subsanable con la adecuada inversión, yo de las inversiones a futuro no me fío, debe ponderarse la mejora de las instalaciones. Mi personal opinión es que Palmas Altas no es el lugar más adecuado, porque carece de buenas comunicaciones, pero lo que yo piense no es trascendente. Lo realmente necesario es que la decisión, que es de naturaleza política, tenga en cuenta la opinión de los representantes de los colectivos que trabajan para la Justicia, no como un hecho consumado, y que se adopte tomando como criterio, principal y casi único, la mejor calidad en los medios materiales puestos a disposición de la Justicia.

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