El ADN de primos lejanos resuelve crímenes

En algunos países como EEUU hay una auténtica fiebre por subir perfiles de ADN a bases de datos públicas. El objetivo es localizar a padres biológicos o construir un árbol genealógico, pero un gesto tan inofensivo como ese ha revolucionado la investigación criminal y ha permitido hasta ahora aclarar medio centenar de “casos fríos” que llevaban años sin resolverse.

La primera detención ocurrió en 2018 y fue la de Joseph James De Angelo, acusado de violaciones y asesinatos en serie registrados en los años 70 en California, en un caso pendiente de juicio.

Esta “genealogía forense” acaba de pasar su primera prueba ante un jurado: el 28 de junio, William Earl Talbott fue declarado culpable del asesinato de una pareja canadiense de 18 y 20 años en 1987. El jurado del estado de Washington solo tardó un día en deliberar.

Talbott fue identificado porque dos primos segundos habían subido su ADN a una base de datos. Sometido a vigilancia, la Policía recuperó un vaso de papel usado por él y el análisis de ADN arrojó una coincidencia total con el hallado en la ropa interior de la víctima.

Expertos consultados por este periódico creen que estos casos son únicamente posibles en EEUU porque es una sociedad con un gran interés por los datos genealógicos y donde además la protección de datos personales está más relajada que en la Unión Europea.

Las bases de datos más conocidas son GEDmatch, que afirma tener un millón de perfiles genéticos, y FamilyTreeDNA, con dos millones de registros.

En España, la base de datos de ADN policial tiene unas 100.000 muestras de personas, aunque hay muchos más de los llamados indicios biológicos: sangre, semen o pelos que aparecen en los lugares donde se ha cometido un delito.

José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal en Granada y director del centro andaluz de genómica Genyo, indica a este periódico que la ley que regula esa base de datos policial “limita de modo claro el número de casos en los que se puede analizar y almacenar el ADN”.

“Personalmente, soy partidario de las bases de datos como la española, limitada a delitos graves y controlada por profesionales policiales (en nuestro caso a través de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior) y siempre bajo la vigilancia de las autoridades judiciales”, añade.

“Divulgar el ADN propio es una imprudencia temeraria”

Lorente cree que autorizar el uso de los datos de modo generalizado, sin claras limitaciones o restricciones, “es una imprudencia grave y temeraria”.

En Norteamérica la gente “quizás sin saberlo, pero también sin preguntar, deja depositados sus datos en empresas privadas a las que además ha pagado, que luego pueden hacer uso casi indiscriminado y comercial de ellos”.

La gente “debería saber muy bien lo que hace con su ADN y lo que se puede hacer con el mismo, y eso obliga a preguntar, pero también obliga a informar claramente, sin letra pequeña, por parte de las empresas”, afirma.

A juicio del catedrático, en principio “no se podría hacer en España una investigación similar a la que hace la Policía en EEUU” sino que “haría falta una orden judicial, que a su vez tendría que estar muy bien razonada”.

“Nuestra legislación es -por suerte- muy protectora de la intimidad y de los datos de tipo confidencial o especialmente sensible, por lo que las búsquedas generalizadas y masivas tienen muchos impedimentos” y “el principio de proporcionalidad no se daría”, indica.

Aunque algunos expertos defienden la licitud de estas investigaciones en los casos de delitos muy graves, no para identificar a pequeños delincuentes, Lorente es “reacio a las búsquedas indiscriminadas del tipo ‘a ver si suena la flauta’, aunque sean delitos graves”.

Precisa, no obstante, que “cosa diferente es que esté todo el puzzle resuelto y falte una pieza, y ahí sí que se podría considerar pedir autorización judicial para una búsqueda”.

De lo contrario, “caeríamos en las bases de datos masivas y generalizadas, donde se almacenan los datos de ADN, de huellas dactilares, de uso del móvil, de tarjetas de crédito y de todo lo que sea trazable”, indica el catedrático granadino. Y toda esa información almacenada “crearía más problemas, inseguridades y peligros que beneficios, porque contendría información sensible de más de un 95% de la población que va a pasar por este mundo sin tener el más mínimo problema relevante con la justicia”.

El Banco Nacional de ADN solo se usa para investigación

El Banco Nacional de ADN Carlos III, vinculado a la Universidad de Salamanca, almacena muestras biológicas de 39.000 donantes sanos y enfermos, representativos de la población española, según informa en su web.

Fuentes del centro indican que todas las muestras “están codificadas, por lo que no se asocian datos identificativos de los individuos de los que proceden, y sólo se ceden para proyectos de investigación”. En el momento de enviar las muestras, se anonimizan.

La Policía “nunca podría consultar estas muestras ni las de ningún otro biobanco, y además de que tampoco le serviría de nada pues no tendría la identidad del individuo origen”, añaden.

Mientras tanto, en EEUU las últimas detenciones han reactivado el debate sobre la privacidad: los contrarios a divulgar el ADN destacan que los ciudadanos dan su consentimiento a que se publiquen esos datos con una finalidad muy concreta (encontrar parientes) y no para su uso en investigaciones criminales.

Destacan también que cuando uno difunde sus datos, está dando a conocer a la vez los de todos sus parientes que comparten esos genes sin su conocimiento ni consentimiento. Los críticos apuntan además a los problemas de falsos positivos, las muestras mal conservadas o el hecho de que esos datos contienen también información sensible sobre aspectos de salud.