Una joven ingeniera sevillana empieza a ver el final del túnel en la pesadilla judicial en la que está inmersa porque su DNI fue pirateado y usado para cometer estafas por toda España. Sendos juzgados de Zaragoza y Chiclana (Cádiz) han archivado las denuncias sin más dilación y han suspendido su declaración como imputada porque se han demostrado “indicios suficientes de que su identidad fue suplantada”. 

Además, el juez de Zaragoza y otro de Carlet (Valencia) han ordenado a la Policía que profundice en la investigación y siga la pista de las transferencias hechas desde las cuentas fraudulentas, según pedía Emilia del Río, abogada de la afectada.

La víctima directa de esta pesadilla es Marta, una joven ingeniera que, de la noche a la mañana, se vio citada como imputada por juzgados de toda España, sometida a órdenes de busca y captura y fue fichada por la Policía (incluyendo las huellas dactilares y las fotos de rigor) porque su DNI fue pirateado hace nueve meses y usado para abrir cuentas bancarias y cometer decenas de estafas.

Un segundo grupo de personas afectadas son las que hicieron compras por internet, pagaron cursos de enseñanza, alquileres vacacionales, celebraciones de Comuniones o provisiones de fondos cuyos importes -que no han recuperado- fueron desviados por los delincuentes. 

En Zaragoza, la víctima es una pequeña empresa familiar de electricidad que además está atravesando dificultades económicas debido al Covid. Uno de sus empleados remitió un e-mail a una compañera para que efectuase una transferencia de 7.026 euros en devolución de un préstamo pero el mensaje fue interceptado y el que recibió la destinataria ordenaba hacer el ingreso en la cuenta de los estafadores.

Ahora, el juez de instrucción 9 de Zaragoza, en un auto al que tuvo acceso este periódico, constata que Marta ha presentado varias denuncias por cuentas bancarias abiertas a su nombre con trámites on-line. Teniendo en cuenta que la joven “en ocasiones ha aportado fotocopias de su DNI para realizar operaciones por internet, bien particulares, bien profesionales”, concluye que hay “indicios bastantes de que su identidad fue suplantada” y archiva la causa respecto a ella.

Lamenta el juez que “las investigaciones de la Guardia Civil se hayan limitado a averiguar la titularidad de la cuenta de destino”, por lo que  pide que “continúe las pesquisas para averiguar datos sobre la autoría de los hechos”.

Sobre Marta cayó de la noche a la mañana una pesadilla policial y judicial: declaró como imputada en un juzgado de Dos Hermanas, por videconferencia con el de Zaragoza y felizmente el juzgado de Chiclana suspendió su declaración prevista para el 19 de mayo. Pero se enfrenta a amenazas de embargo, miedo a salir de España y ser detenida en un aeropuerto y la dificultad de cancelar los antecedentes policiales que ya tiene.

Una de las quejas de su abogada era el silencio de los tres bancos a la hora de explicar como abrieron las cuentas por internet y qué documentación requirieron. Ahora, expresa su satisfacción porque la Justicia también ordena investigar esos aspectos. Al menos será una satisfacción moral cuando Marta empieza a ver un rayo de luz al final del túnel.