María Amparo Camacho será designada en breve fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, según propuesta del Consejo Fiscal. Ella y el también candidato Arturo Nicás presentaron sendos proyectos de actuación en los que destaca la preocupación por un reparto equitativo del trabajo y por la deficiencia de las sedes donde desarrollan su trabajo los 18 fiscales y 13 funcionarios. La Fiscalía de Dos Hermanas se encarga de 17 juzgados de esa localidad además de Alcalá de Guadaira, Lebrija y Utrera.

Ambos candidatos coincidían en sus proyectos en mejorar la atención al ciudadano que ahora lleva a cabo el fiscal de permanencia. María Amparo Camacho proponía adicionalmente establecer un sistema de cita previa que sería atendido por el fiscal que tenga asignada la materia que el ciudadano quiera tratar. Arturo Nicás, por su parte, destacaba la importancia de esas funciones dado que en Dos Hermanas no existe una oficina del  Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA).

Una “más justa y equitativa distribución de la carga de trabajo” mediante reformas en la distribución del trabajo ordinario y secciones especializadas era una de las propuestas de Nicás. También Camacho se refería al “reparto equilibrado del trabajo” como “generador de un clima de concordia, evitando que sin justificación se perpetúen adscripciones a grupos de trabajo o destinos determinados”.

Entre otros, destacaba que la protección de personas con discapacidad tiene asignados tres fiscales pero “especialidades tan importantes como delitos económicos tiene dos, uno de ellos además compartido con delitos informáticos”.

Violencia sobre la Mujer actualmente tiene asignada una sola fiscal que además se ocupa de  protección a las víctimas, por lo que entiende que la especialidad debe ser asumida por dos fiscales.

Entre las nuevas ideas, Nicás proponía que, ante el incremento de los delitos contra la libertad sexual llevados a cabo por varias personas en lo que se ha venido a denominar “en manada”,  la instrucción de estos casos se adjudique al fiscal de Violencia de Género.

Por similitud, también planeaba Nicás que los delitos de contrabando de tabaco se asignen a los fiscales de delitos contra la salud pública.

Basándose en su propia experiencia, Nicás exponía el ejemplo del juzgado 2 de Alcalá de Guadaíra, donde en el último año se redujeron un 90 % el número de diligencias previas incoadas y un aumento en el mismo porcentaje de las diligencias urgentes durante el servicio de guardia. Ello “supone una garantía para los ciudadanos, que pueden llegar a ver resuelto su caso en un plazo muy breve de tiempo y se dejarían en diligencias previas aquellos asuntos verdaderamente complicados”.

Ambos candidatos lamentaban la “importante deficiencia de espacios” de su sede, con “hacinamiento de los fiscales, obligados a compartir despachos de apenas 15 metros cuadrados y dispersión de despachos por toda la sede judicial”, en palabras de Camacho.

Entre otros, la Fiscalía de Dos Hermanas carece de acceso desde la entrada principal del edificio y se entra “por una puerta de emergencia y una escalera de apenas un metro de ancho”.

Camacho lamentaba también las “inadecuadas estancias” destinadas a los fiscales en los juzgados de Lebrija y los número 1 y 2 de Alcalá de Guadaíra, tanto en espacio como mobiliario.

Nicás resaltaba el problema de que los cuatro juzgados de Alcalá tienen dos sedes distantes una de otra, con lo que en ocasiones al fiscal que está de guardia en el 1 y 2 “se requiere su presencia simultánea en el 3”, ubicado en la otra sede, como competente en materia de Violencia de Género.

Llama la atención que ambos candidatos dedicaban un capítulo a las relaciones con la prensa, que según María Amparo Camacho debe tener una actitud “abierta a los medios, prudente y equilibrada, eludiendo una sobreexposición mediática pero que a la vez no se limite a una actuación puramente reactiva” y que los periodistas “puedan contar con una información objetiva, anticipándonos en lo posible a una posible fuente parcial, sesgada o interesada”.

Esa función la llevaría ella misma, sin perjuicio de que “en determinados asuntos pudiese ser asumida por el fiscal correspondiente” mientras que Arturo Nicás se planteaba establecer una oficina de prensa que “con unos criterios claros informe a la prensa y opinión pública”.