Violencia de Género

Una forense con esquizofrenia, juzgada por asesinato, logra una plaza en Maltrato

  • Intentó asesinar a una funcionaria de Correos debido a sus “interpretaciones delirantes de perjuicio”.

  • La Junta abre una investigación sobre su idoneidad

Tanatorio de Sevilla, sede del Instituto de Medicina Legal Tanatorio de Sevilla, sede del Instituto de Medicina Legal

Tanatorio de Sevilla, sede del Instituto de Medicina Legal / Juan Carlos Vazquez

Una médico forense enferma de esquizofrenia, que fue juzgada en 2016 por intentar asesinar a una funcionaria de Correos, ha obtenido una plaza en la nueva Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG) de Córdoba, aunque la consejería de Justicia ha  paralizado cautelarmente su nombramiento.

Una vez cumplida su condena en un psiquiátrico, la forense  se inscribió en la bolsa de trabajo y resultó elegida, dada su formación y experiencia, para la UVIG de refuerzo que se va a crear en Córdoba.

El intento de asesinato ocurrió el 7 de mayo de 2014, cuando estaba en el portal del domicilio de sus padres en Sevilla y agredió con un cúter en el cuello a una funcionaria de Correos que hablaba con el portero.

Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, la agresora sufría un “trastorno esquizofrénico que le causa interpretaciones delirantes de perjuicio, y que ha cursado con brotes psicóticos en tres ocasiones anteriores, que han provocado internamientos involuntarios”.

El acto agresivo que protagonizó fue consecuencia de “una interpretación delirante en virtud de la cual sintió que la funcionaria de Correos se burlaba de ella mientras conversaba con el portero, escarnio continuo al que se sentía sometida por todos sus vecinos en aquella etapa”, según la sentencia dictada entonces.

Por estos hechos, la procesada estuvo encarcelada desde la agresión hasta el 22 de enero de 2016.

Fue absuelta por la Audiencia de un delito de asesinato en tentativa al concurrir la circunstancia eximente completa de alteración psíquica, aunque fue condenada a tratamiento médico y custodia familiar durante cinco años.

El Tribunal Supremo revocó en septiembre de 2016 la sentencia, anuló la vigilancia familiar e impuso a la acusada una medida de internamiento en centro psiquiátrico adecuado a su tratamiento por tiempo máximo de hasta siete años, manteniendo la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.

También fue condenada a indemnizar a la cartera en 66.175 euros.

La Audiencia no decretó en su resolución el internamiento ya que en el momento del juicio la acusada se encontraba compensada “por estar siguiendo en la prisión de Alcalá de Guadaíra un tratamiento inyectable de acción prolongada que normaliza su comportamiento“.

Fuentes de la consejería de Justicia informan a este periódico de que cuando ocurrió la agresión la interesada estaba trabajando como interina en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Entonces se le abrió un expediente, que quedó cerrado al cesar en el puesto y ser procesada.

Una vez cumplida la condena en el psiquiátrico, la interesada se apuntó en la bolsa de trabajo y fue la primera seleccionada para la UVIG de Córdoba, al reunir los requisitos de formación y experiencia.

La Junta ha paralizado de forma cautelar el nombramiento a la espera del dictamen que se emita en la reapertura del expediente, que debe decidir si  concurren en la forense las circunstancias de incapacidad física o mental que le imposibilitarían para estar en la bolsa de trabajo.

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