Juicio por impago

Cuando conviene dar batalla y no reconocer el delito

  • Un chatarrero consigue que la Fiscalía retire su acusación por impago de pensiones

  • Demostró que vive de Cáritas y que no percibe ninguna ayuda

Un banquillo de acusados

Un banquillo de acusados / Belén Vargas

Un chatarrero de Utrera decidió que merecía la pena luchar y no conformarse con los seis meses de multa que le ofrecía la Fiscalía por un delito de impago de pensiones a su ex esposa y dos hijos. El juicio se celebró el jueves pasado, el chatarrero demostró que no percibe ningún subsidio, que vive de las ayudas de Cáritas y la fiscal del caso acabó retirando la acusación, en la que incluía el pago de casi 4.000 euros a su ex esposa.

El juez de lo penal 10 dictó de viva voz su sentencia absolutoria, tras hacer un comentario sobre los casos que nunca deberían haber llegado a juicio porque son los que colapsan la Justicia. Indicó que ya en la fase de instrucción quedó claro que el acusado carecía de capacidad económica para hacer frente a los términos económicos de su separación.

La abogada del acusado, Patricia López, informa a este periódico de que la Fiscalía les ofrecía un acuerdo de seis meses de multa pero valorando las pruebas prefirieron celebrar el juicio y arriesgarse a una condena mayor.

Demostró que su cliente J.R.R. está parado, que sus únicos ingresos proceden de la recogida de chatarra, que vive de las ayudas de Cáritas y la ex esposa F.D.M. reconoció que, cuando podía, el acusado le hacía ingresos parciales de entre 10 y 40 euros.

La Fiscalía reclamaba el pago de casi 4.000 euros, equivalentes a las mensualidades de 300 euros que había dejado de pagar a lo largo de más de un año en concepto de pensión de alimentos a su esposa y dos hijos.

Patricia López reconoce que se recurre en exceso a los acuerdos con la Fiscalía, cuando la realidad es que  “a veces es mejor arriesgarse a celebrar juicio en vez de conformarse con una pena menor que, en el futuro, puede afectar a los antecedentes penales del procesado”.

Ahora, lo primero que hará la defensora es instar una modificación de medidas de los términos económicos de la separación para que la situación no vuelva a repetirse.

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