El nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, en sustitución de María José Segarra, ha provocado la primera gran tormenta sobre el nuevo Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos. Desde que a primera hora de este lunes se ha conocido la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han sucedido las reacciones tanto de sorpresa como de preocupación por la supuesta pérdida de imparcialidad que aparenta su llegada a la Fiscalía General del Estado, vía Ministerio de Justicia. Incluso el PP ha anunciado ya que recurrirá la designación de Delgado.

Su paso a la Fiscalía General del Estado supone un salto inédito. Ningún ministro de Justicia había acabado hasta ahora en la Fiscalía General tras haber finalizado su etapa de Gobierno, aunque en 1986 el nombramiento de Javier Moscoso como fiscal general se produjo después de que éste ocupara el Ministerio de la Presidencia en el primer Gobierno de Felipe González, entre 1982 y 1986, y, a pesar de ello, su paso por la jefatura del Ministerio Público no fue de los más polémicos.

La designación de Dolores Delgado ha generado mayor incertidumbre si se tienen en cuenta los motivos que han provocado la caída de María José Segarra tras algo más de año y medio en el cargo -fue nombrada en junio de 2018-, y que guardan precisamente relación con la defensa de la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal de la que ha hecho gala desde que llegó a la Fiscalía General.

Nada más conocerse su nombramiento, Segarra, que mantiene una gran amistad con Dolores Delgado, anunció que su mandato estaría marcado por la "total autonomía de funcionamiento" del Ministerio Público y en este sentido afirmó que como nueva fiscal general su actuación iba a estar marcada por los "principios constitucionales que inspiran al Ministerio Fiscal: sometimiento al principio de legalidad, a la defensa de los derechos de los ciudadanos y al interés público tutelado por la ley".

Pero en estos algo más de 18 meses una cuestión principal ha sellado el relevo en la Fiscalía General. Se trata de la imparcialidad con la que Segarra ha mantenido el criterio de la Fiscalía en juicio del procés, donde el Ministerio Público ha sostenido su acusación por el delito de rebelión contra los políticos catalanes, criterio que también se ha seguido en el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero que comenzará la próxima semana, donde inicialmente se mantiene la acusación por delito de rebelión, con independencia de que éste pueda modificarse una vez que la vista oral concluya.

La independencia e imparcialidad de la Fiscalía que Segarra ha defendido a ultranza durante su mandato fue cuestionada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista afirmó que la Fiscalía General dependía del Gobierno, cuando fue preguntado sobre cómo tenía previsto traer de vuelta a España al ex presidente catalán Carles Puigdemont. "¿La Fiscalía de quién depende?", preguntó entonces Sánchez al periodista que le entrevistaba, a lo que éste respondió: "del Ejecutivo". "Pues ya está", zanjó el presidente, quien posteriormente matizó sus afirmaciones.

Su apoyo a la denuncia contra la juez Bolaños

Un segundo motivo que ha contribuido a la salida de Segarra, aunque en menor medida que la postura ante el desafío independentista, ha sido su rotundo apoyo a la denuncia que el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la instructora de las macrocausas como los ERE, los avales y préstamos de la agencia IDEA, o las transferencias realizadas por esta misma agencia pública.

La denuncia, que aún está pendiente de resolver por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, acusaba a Bolaños de una falta muy grave o grave por un supuesto retraso en la instrucción de los procesos, lo que ha originado una amplia inspección del máximo órgano de gobierno de los jueces de la que aún no se ha informado de su resultado. 

La decisión de Segarra de autorizar o avalar la presentación de esa denuncia provocó el rechazo tanto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como en el propio PSOE, dado que María Núñez Bolaños era la instructora que estaba investigando estas macrocausas que apuntan directamente a la gestión de anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y esta magistrada, de acuerdo con su criterio jurisdiccional, había archivado algunas de las piezas investigadas.

El nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado ya está provocando reacciones dispares en la carrera fiscal y en la judicial.

Segarra volverá a Sevilla mientras sale una plaza del Supremo

Una vez que se produzca el relevo en la Fiscalía General de Sevilla, María José Segarra volverá a la Fiscalía de Sevilla, donde esperará previsiblemente hasta que pueda optar a una plaza de Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo.

En principio, Segarra pasará a formar parte, como un miembro más, de la plantilla de fiscales de Sevilla que actualmente dirige el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, que fue precisamente designado por el Consejo Fiscal como sucesor de Segarra. En los próximos meses está previsto que salgan a concurso varias plazas de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, por lo que la vuelta de Segarra a la Fiscalía hispalense durará poco tiempo.