La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la sentencia de la Audiencia provincial de Cáceres que condenó a cinco años y medio de prisión a un procurador acusado de apropiarse de cerca de 1,5 millones de euros de clientes.

En concreto, por el delito de apropiación indebida se le condena a cinco años y medio de prisión, al pago de una multa de 16 meses con una cuota diaria de 10 euros y a la inhabilitación especial para el ejercicio de las profesiones de procurador y abogado durante el tiempo de la condena.

Por el delito de deslealtad profesional la Sala le condena a la pena de multa de 16 meses con una cuota diaria de 10 euros y a la inhabilitación especial para el ejercicio de las profesiones de procurador y abogado por el tiempo de dos años, seis meses y un día.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil tendrá que indemnizar a más de una veintena de particulares, ayuntamientos y empresas con cantidades que van desde los 600 euros hasta los casi 700.000 euros.

El condenado recurrió la sentencia ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Extremadura por considerar la inaplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño, argumento que ha sido rechazado por la Sala al considerar que el recurrente “no se esforzó económicamente en reparar parcialmente el daño causado, pero tampoco en aminorarlo moralmente”.

Le reprocha además, como hiciera la Audiencia, que no haya dado a conocer el destino exacto de todo el dinero apropiado.

Recibía los mandamientos de pagos

La sentencia de instancia establece como hechos probados que el acusado en el ejercicio de su profesión de procurador se encargaba de la recepción directa de mandamientos de pagos de cantidades que, por diferentes conceptos, les eran entregadas en los Juzgados y Tribunales y que debía entregar a sus clientes por los medios acordados.

Así las cosas, en los últimos años el acusado, actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, comenzó a quedarse para sí mismo diferentes cantidades de dinero que el Juzgado o Tribunal correspondiente le entregaba a fin de que, a su vez, fueran remitidas a sus mandantes, ocultando estas entregas de dinero a sus representados.

Este modo de actuar se vino manteniendo desde el año 2012, incrementándose de forma superlativa en los siguientes años, hasta que el descubrimiento, en el año 2019, de esta forma de actuar por parte de varias personas y entidades por él representadas determinaron la presentación de varias querellas y/o denuncias contra el mismo, siendo el montante final reclamado cercano a 1.500.000 euros.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.