El Tribunal Supremo ha reconocido a un brigada de la base de Morón de la Frontera la condición de víctima del terrorismo por las lesiones psíquicas derivadas del atentado de Atocha en 2004. La sentencia reconoce que se produjo una “desigualdad en la aplicación de la ley” porque otro brigada que se encontraba a su lado sí que le fue reconocida una jubilación extraordinaria por atentado terrorista.

El Supremo, en una sentencia a la que tuvo acceso este periódico, afirma que “ninguna duda ofrece que la situación del brigada recurrente y la de su compañero son análogas en la situación de partida: militar destinado en Morón, desplazados a Madrid para un curso en Getafe en la factoría de CASA, encontrándose ambos en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004”.

Ambos resultaron heridos leves, pero de inmediato recibieron la baja por estrés postraumático, pasaron varios años de baja médica atendidos por la Sanidad Militar y fueron tratados por patologías psiquiátricas hasta su jubilación. Ninguno había sufrido  problemas de tal naturaleza con anterioridad al 11 de marzo, según recuerda el Supremo.

Ahora, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo le reconoce el derecho a percibir todos los atrasos de la pensión extraordinaria, mas los intereses legales y procesales.

La diferencia entre ambos brigadas -dice el Supremo- es que un Habilitado de Clases Pasivas comunicó a la Audiencia Nacional en junio de 2004 que se incluyera la condición de víctima de terrorismo a uno de los militares, pero nadie lo hizo respecto del recurrente. A este último, sin embargo, la Junta de Evaluación para determinar las condiciones psicofísicas del personal del Ejército le reconoció en mayo de 2013 el paso a la situación de retiro por “insuficiencia de condiciones psicofísicas en posible relación de causalidad con el atentado terrorista”.

El alto tribunal aplica el principio de igualdad en la aplicación de la ley porque “partiendo de situaciones de hecho idénticas, el órgano encargado de su aplicación ha observado una conducta “arbitraria, no justificada, dispensando un tratamiento discriminatorio“.

Los dos militares “tenían el mismo rango, estaban destinados en Morón, residían en el mismo domicilio y se desplazaban juntos a la misma hora y por el mismo camino por la estación de Atocha” y ambos sufrieron después una baja médica controlada por la Sanidad Militar.

Ambos, además, habían ingresado en la Academia Militar a los 17 años y no habían sufrido ninguna patología psiquiátrica antes del 11-M, pero a uno se le reconoció tal dolencia como derivada de acto de servicio y atentado terrorista y al recurrente se le dijo que era por causa ajena.