La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y medio de cárcel a una intermediaria que estafó 685.017 euros a los clientes de un banco en Cantillana, apropiándose del dinero que le entregaron para ingresar en sus cuentas o formalizar operaciones.

La Sección Cuarta de la Audiencia, en una sentencia a la que tuvo acceso este periódico, condena a María del Carmen L.R. por delitos continuados de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, si bien rebaja la pena respecto a los seis años que pidieron las acusaciones al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

El caso ha tardado diez años en juzgarse  desde que fue denunciado en 2009 aunque la sentencia reconoce que se trataba de una investigación “larga y complicada por el número considerable de afectados y la necesidad de aportar numerosa documentación”.

La sentencia explica que la acusada era empleada de una empresa que actuaba en Cantillana como agente colaborador del Banco Santander. Sin conocimiento del banco ni del dueño de su empresa, la acusada suscribió más de 30 operaciones “con la intención de lucrarse ilícitamente”.

La mujer alegó en su defensa que el cerebro de la operación era su jefe, Manuel M.N., pero los jueces consideran tales alegaciones como “inverosímiles” por las declaraciones de los afectados, entre los cuales se encontraba Carmen N.S., empleada doméstica de la acusada, y su propia hermana, a cuyo nombre pidió una tarjeta de crédito sin su autorización y dispuso de más de 10.400 euros a través de la misma.

Según los jueces, fue la acusada quien recibía el dinero de los afectados, quien les convencía de la conveniencia de suscribir unos fondos de inversión garantizados, con unos intereses “sumamente ventajosos”, y quien finalmente les devolvió parte del dinero.

Manuel M.N. no actuó en connivencia con la acusada ni dirigiendo su actuación, no se benefició de las apropiaciones de dinero ni se enteró de ellas hasta que a finales de abril de 2009 empezaron a detectarse las irregularidades.

La acusación particular fue ejercida en nombre de los clientes por los letrados Miguel Angel Martínez, María Victoria García Castro, Silvia Muñoz Valera y Carlos Bardavio. Sus clientes recuperarán su dinero ya que las entidades son declaradas responsables subsidiarias. La condenada deberá devolver los 409.153 euros ya reintegrados por el banco a los afectados, más otros 275.864 pendientes de pago.