La Audiencia de Sevilla ha condenado a penas de entre dos meses y dos años de cárcel a un falso empresario y a 18 personas que defraudaron un total de 51.443 euros mediante contratos ficticios de albañiles, pintores y limpiadoras, que fueron dados de alta en la Seguridad Social sin responder a ningún puesto de trabajo real.

El juicio en la Sección Cuarta celebró una primera sesión en septiembre y este martes concluyó con la comparecencia de los tres últimos acusados que no lo hicieron antes. Unos y otros reconocieron el delito y aceptaron las condenas de cárcel, las multas y devolver a la Seguridad Social o al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las cantidades percibidas ilegalmente por incapacidad y desempleo.

Estas 19 personas, “junto a otras no enjuiciadas o fallecidas” defraudaron un total de 51.443 euros, de los que 29.800 corresponden al SEPE y 21.642 euros a la  Seguridad Social.

El cabecilla de la trama, David M.B., es condenado a dos  años de cárcel. Según la sentencia a la que tuvo acceso este periódico, “con ánimo de enriquecerse” constituyó una sociedad mercantil en Dos Hermanas cuyo objeto social era la construcción. Desde octubre de 2012 dio de alta de forma ficticia a trabajadores previamente concertados con él  a cambio de una cantidad dinero, que de esta manera obtuvieron el derecho a recibir prestaciones por desempleo o incapacidad temporal.

La mercantil, aparte de no desarrollar ninguna actividad, tampoco cumplió sus obligaciones con la Hacienda Pública ni con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ejemplo, Desiree S. B. y Aurelia C.V. firmaron un contrato como personal de limpieza y percibieron 2.256 euros cada una; Adrián J.G. firmó como albañil y cobró por incapacidad temporal 5.128 euros; Miguel Angel G.P., también falso albañil, cobró 8.304 euros por incapacidad temporal e Iván P.R., que firmó otro contrato como albañil, pidió una prestación que no llegó a cobrar.

Los restantes acusados suscribieron contratos de limpieza o como pintores pero tampoco consiguieron cobrar las prestaciones que solicitaron.

David M.B., como autor de un delito contra la Seguridad Social en concurso con uno de falsedad en documento oficial, es condenado a dos años de prisión y multa de 51.443 euros, además de indemnizar al SEPE en 29.800 euros y a la Seguridad Social en 21.642 euros.

Los demás acusados son condenados a penas de entre dos y seis meses de cárcel, multas de entre 120 y 360 euros y la prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un año y medio.