Una aseguradora será indemnizada en 20.000 € por el daño a su reputación

La Audiencia de Sevilla condenó este miércoles a dos años de cárcel a un agente de seguros que cobró indebidamente 11.355 euros en 92 contratos que falsificó para acogerse a campañas de captación. A la indemnización se unen otros 20.000 euros que deberá pagar a la compañía por el daño producido a su “imagen y reputación comercial”.

El acusado Francisco Manuel P.E. firmó en julio de 2016 un contrato mercantil de agente de seguros exclusivo con la compañía Caser en virtud del cual tenía derecho a cobrar una subvención anual supeditada a la consecución de los objetivos de primas marcados por la compañía.

Según los hechos reconocidos por el acusado en la Sección Cuarta de la Audiencia, desde la firma del contrato hasta abril de 2018, “guiado por el ánimo de mejorar sus ingresos económicos de forma ilícita” a través de esa subvención o de comisiones derivadas de campañas ofertadas por la compañía para colectivos específicos, suscribió un total de 92 pólizas de seguros de salud irregulares.

La falsedad consistía en que el acusado imitó la firma del asegurado en el cuestionario médico o adjuntó recibos de autónomos falsos que él mismo había confeccionado. Sobre ellos modificó los nombres y DNI de los supuestos autónomos para así cobrar las comisiones derivadas de la contratación de pólizas de salud específicas para este colectivo.

Con su acción el acusado ocasionó a la compañía un perjuicio económico que asciende a 11.355 euros, de los cuales 6.120 derivan del cobro indebido de la subvención ligada al número de pólizas irregulares que suscribió y 5.235 euros de las comisiones indebidas por autónomos.

Ello supuso para Caser asumir unas prestaciones para los asegurados “que no se correspondían con las primas cobradas”, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico.

Ante el reconocimiento de los hechos realizado por el agente, el presidente del tribunal dictó de viva voz una sentencia de dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y multa de nueve meses con cuota de 6 euros (1.620 euros). El ingreso en prisión quedó en suspenso ligado a que no cometa delitos en el plazo de tres años y que pague las indemnizaciones antes del 15 de febrero.