La Audiencia de Sevilla ha condenado a nueve meses de cárcel a una “gerente financiera” que estafó 25.000 euros a un matrimonio que atravesaba dificultades financieras y al que diseñó un plan para “lavar su imagen” y refinanciar sus deudas.

El juicio contra María Auxiliadora G.R. no llegó a celebrarse en la Sección Cuarta de la Audiencia porque la acusada reconoció los hechos y aceptó nueve meses de prisión y el pago de una indemnización de 25.000 euros con un pago fraccionado de 2.000 euros antes de que finalice este año y seguidamente a razón de 400 euros mensuales.

La sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, indica que en septiembre de 2006 las víctimas de la estafa, J.A.B. N. y su esposa  J.C.M., que atravesaban una difícil situación económica, contactaron con la acusada para recibir asesoramiento y las instrucciones necesarias para gestionar el pasivo que adeudaban a diferentes entidades de crédito y, si fuera posible, adquirir una vivienda.

María Auxiliadora “les informó del plan que había diseñado”, que consistía en ponerlos en contacto con distintos inversores interesados en prestarles el dinero que necesitaban y “una vez lavada su imagen, conseguirían obtener financiación para adquirir una vivienda”.

Los denunciantes, confiando en que la acusada “era  una profesional del sector financiero, no dudaron en acatar las directrices que les iba dando”, que consistían, entre otros, en que su hijo, soldado de profesión, suscribiera un préstamo con garantía personal, adquiriera una vivienda y luego suscribiera un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 25.000 euros.

A continuación, los denunciantes emprendieron una serie de préstamos personales y con garantía hipotecaria y se pasó a “la siguiente fase del plan, obtener la financiación necesaria para adquirir una vivienda en  Sevilla”.

Para ello debían solicitar financiación para adquirir otro piso, que transmitirían rápidamente, en el plazo de un mes, con la finalidad de “ganarse la confianza de la entidad financiera a fin de que les concediera toda la financiación necesaria para la adquisición de la que sería su vivienda familiar”.

Entonces compraron dos casas que habían pertenecido a los padres de la acusada y que habían sido subastadas, se realizó su “pase” a otra compradora y se hicieron otras operaciones financieras que, a la postre, supusieron para las víctimas un coste de 25.000 euros.

La sentencia acuerda dejar en suspenso el ingreso en prisión de la intermediaria con la condición de que no cometa nuevos delitos durante cuatro años y ocho meses y que abone puntualmente la indemnización de los denunciantes.