Una ciudadana rusa, que ha denunciado por maltrato a su esposo español, ha recibido del juzgado autorización para llevarse a sus dos hijos a Rusia en caso de que los menores sigan sin percibir la pensión de 3.000 euros que debe pasarles su padre.

La sentencia de divorcio contiene una dura crítica hacia el padre: no paga la pensión de alimentos a sus hijos pese a que vive en barrios de lujo, conduce vehículos de alta gama y “extrañamente es  titular o está autorizado en demasiadas cuentas bancarias teniendo en cuenta que sus ingresos no superan supuestamente los mil euros mensuales”. 

Olesya K. interpuso un proceso penal por violencia de género contra su marido R.M.M. el 13 de febrero de 2017 tras sufrir una  agresión. Entonces su esposo extrajo de la cuenta bancaria todos sus ingresos, dejó de abonar el alquiler del piso, le quitó el vehículo, dejó de pagar el colegio de los hijos y las facturas de agua y luz.

Sobre esta denuncia por malos tratos, en febrero pasado el juzgado de Violencia sobre la Mujer 3 de Sevilla acordó continuar la causa contra R.M.M. por presuntos delitos de amenazas, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones a su ex esposa.

Por ello, la guarda y custodia de los niños se se atribuye a la madre y también la patria potestad mientras siga vigente la orden de alejamiento del denunciado. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, contiene dos aspectos económicos: por un lado, la atribución a la madre de una pensión de 800 euros mensuales durante dos años por la pérdida de su nivel de vida como consecuencia de la separación. Por otra, una pensión alimenticia de 1.500 euros mensuales para cada hijo. En caso de impago, la madre queda autorizada a llevarse a sus hijos a Rusia, donde tiene apoyo de sus padres y la posibilidad de un buen trabajo como traductora.

La juez lamenta en su sentencia que “los dos menores, incomprensiblemente, cuando están en compañía del padre pueden realizar actividades de ocio que, por su alto coste, no puede permitirse la madre”, mientras ella tiene dificultades para atender las necesidades básicas de sus hijos ante el incumplimiento económico del padre.

La actitud del progenitor “cuestiona el verdadero interés de éste en relacionarse con sus hijos y ejercer sus obligaciones como tal”.

La sentencia destaca que el padre “es la persona que está al frente de los negocios que ha ido realizando a través de un entramado empresarial”. Bajo diferentes denominaciones societarias, ese entramado “sigue siendo controlado por él” y su ritmo de vida, la categoría y ubicación de los inmuebles en los que reside y los coches que conduce “constituyen signos externos que evidencian que sus ingresos no se corresponden en absoluto con un salario mensual inferior a mil euros”, como declara. En 2017, su nómina fue de 2.035 euros mensuales.

La sentencia cita el informe de un detective sobre el nivel de vida de R.M.M., en especial que usa vehículos de marca Ferrari, Chevrolet Camaro, Bentley, Hummer y Lamborghini cuyo precio rondaría los 750.000 euros. Todos ellos -precisa la sentencia- están a nombre de esposas de empleados suyos o de una hija “que no consta tenga solvencia suficiente para su adquisición“.

Antes de la separación, la pareja vivía en barrios de alto nivel, el hijo mayor iba a un colegio privado con un coste de 343 euros al mes, el pequeño a una guardería privada cuyo cuota era de 230 euros mensuales y otros recibos mensuales acreditan ese nivel de vida.

Según la juez, todos estos detalles llevan a concluir que R.M.M. tiene capacidad económica suficiente como para atender la prestación alimenticia de 1.500 euros por cada hijo. En caso de impago, Olesya es autorizada a trasladarse con los niños a su ciudad natal en Rusia, donde “tiene vivienda propia y un trabajo que le va a permitir atender las necesidades de los menores y posiblemente también un mayor apoyo familiar”.