La veterinaria acusada de haber sacrificado supuestamente a unos 40 perros de caza sanos ha negado este lunes los hechos, mientras que algunos de los 11 cazadores que la incriminaron han cambiado su versión y han negado que llevaran a sus animales a esta profesional como declararon en un primer momento, según han indicado, "por temor".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha iniciado este lunes el juicio a estas doce personas en una causa en la que, además de la Fiscalía, se han personado como acusación la Federación Extremeña de Caza, el Colegio de Veterinarios de Badajoz, Ecologistas en Acción, la asociación El Refugio, SOS Perros Badajoz, SOS 112 Vagabundos y la Asociación de Defensa de los Animales de Badajoz.

Los hechos se ciñen al periodo entre 2017 y 2019 cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, la veterinaria, que ejerce en una localidad pacense, de manera continua y a requerimiento de sus propietarios, provocó la muerte de 39 perros de razas especializadas en caza -41 según El Refugio-, básicamente galgos, sin ajustarse a los protocolos exigidos por el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.

En la vista iniciada este lunes, esta profesional ha afirmado que cuando ha practicado una eutanasia ha sido cumpliendo la normativa y que sólo habrá realizado "dos o tres", entre otros motivos porque carece de instalaciones para almacenar los cadáveres de los animales, dado que cuando mueren por esta vía deben ser incinerados, un servicio que ella no presta en su consultorio.

En el caso de los perros citados, ha indicado que lo único que hizo fue tramitar su baja cuando los propietarios le informaron de la muerte, rellenando el formulario específico en que no se tiene que reflejar la causa del fallecimiento ni tampoco la fecha, según ha precisado.

No obstante, ha aclarado, sí solía anotar el motivo a lápiz en el documento en base a lo que le indicaban los propietarios -la Fiscalía la acusa de haber "ocultado" el verdadero motivo de las muertes- porque cuando lo comunica al Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIACE) debe rellenar una casilla en la que se ofrecen tres opciones: enfermedad, accidente o eutanasia.

Varios de los acusados han negado haber llevado a sus perros a sacrificar a la veterinaria porque no cumplían sus funciones cinegéticas y han expuesto accidentes, enfermedades y envenenamientos como motivos de las muertes.

Han explicado que no tramitaron la baja de los animales en el momento de la muerte sino cuando acudían al consultorio veterinario, por lo que en ocasiones se acumulaban los fallecimientos a la hora de notificarlas.

En este sentido, momentos antes del juicio, la defensa de diez de los encausados, Elías Lorenzana de la Puente, ha afirmado que no existe "ni una sola prueba" contra sus clientes y que se les ha acusado "por mera estadística".

Por su parte, el presidente de El Refugio, Nacho Paunero, ha informado de que piden 85 años de cárcel en conjunto para todos los acusados, un año por cada perro sacrificado -la Fiscalía pide 15 meses por cada uno-, lo que eleva la pena solicitada a 41 en caso de la veterinaria, a los que suman otros tres años por un supuesto delito de falsedad documental.

Punero ha mostrado su satisfacción porque, aunque el sacrificio de animales que no valen para la caza es algo socialmente conocido, hasta ahora no se había conseguido que "una trama como ésta saliera a la luz".