Argentina ajusta cuentas con los represores de la dictadura militar

Argentina dio el miércoles un paso más en los procesos contra represores de la dictadura con las condenas a cadena perpetua impuestas, entre otros, a Alfredo Astiz, en la histórica megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el mayor centro de detención del régimen de facto.

Cientos de personas aguardaron durante horas la lectura de la sentencia ante las puertas de Tribunal Oral número 5 de Buenos Aires para celebrar un día "histórico", según familiares de las víctimas.

Unos 180 testigos han desfilado durante 22 meses ante el tribunal en el primer tramo de la megacausa sobre los delitos en la ESMA, por donde se calcula que pasaron 5.000 detenidos ilegales de los que apenas sobrevivieron unos cientos durante la sangrienta dictadura militar (1976-1983) que dirigió el general Rafael Videla.

En conjunto, el tribunal ha juzgado a 18 imputados por 85 delitos, entre ellos los asesinatos de Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Ponce, fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, del grupo de la Iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires, donde se reunían familiares de desaparecidos.

Todas fueron secuestradas por un grupo militar al mando del ex capitán de la marina de guerra Astiz, símbolo de la represión ilegal en la dictadura, en diciembre de 1977. Según testimonios posteriores, fueron arrojadas al mar vivas y sus cuerpos fueron arrastrados por la corriente a la costa. Enterradas en fosas comunes, sus restos tardaron 30 años en ser identificados.

También se juzgó el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, militante de Montoneros, secuestrado en marzo de 1977 tras publicar su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, donde denunció el terror de la dictadura.

Junto a Astiz, que asistió impávido a la lectura de la sentencia y llegó incluso a reírse en el banquillo, fueron condenados a prisión perpetua los ex marinos Jorge Tigre Acosta y Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, Antonio Pernías, Óscar Montes, Raúl Scheller, Jorge Radice, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber por secuestros, torturas, asesinatos y apropiación de bienes de las víctimas.

También fueron sentenciados a 25 años de prisión Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, mientras que Carlos Capdevilla fue condenado a 20 años y Juan Antonio Azic, a 18. En cambio, fueron absueltos Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco.

De este juicio quedó librado por "insania mental" el fallecido ex almirante Emilio Massera, quien integró la Junta Militar que perpetró el golpe de Estado en 1976.

En el proceso han declarado unos 80 supervivientes de la ESMA, que han tenido que ver cómo sus torturadores se han atrevido a reivindicar la dictadura y a defender la tortura delante de los jueces.

Astiz llegó a decir durante el juicio que era "objeto de persecución política" e incluso entró en el tribunal con el libro titulado Volver a matar y llevó otro día El proceso, de Franz Kafka.

Mientras los acusados escucharon imperturbables las condenas, supervivientes y familiares de víctimas seguían la vista a través de pantallas gigantes instaladas en las puertas del tribunal y estallaban en gritos de júbilo con cada sentencia.

"Es una jornada histórica, es la lucha más digna de la historia reciente de los argentinos", afirmó Patricia Walsh, hija del periodista asesinado. El abogado querellante Rodolfo Yanzón subrayó la importancia de llegar a esta etapa, que irá seguida en 2012 por otro juicio "por 700 casos y 50 imputados por delitos cometidos en la ESMA".

En conjunto, la megacausa por delitos de la ESMA, posible tras la derogación de las leyes del perdón en 2003, se compondrá de otros ocho procesos pendientes por crímenes en la cárcel clandestina. Entre los juicios pendientes figura uno en el que se acusa a Astiz por el secuestro y desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin.

Éste es el segundo juicio por los crímenes en la ESMA. El primero, en 2007, no llegó a la sentencia porque el acusado, el prefecto Héctor Febres, a cargo de la maternidad de la cárcel clandestina, murió envenenado por cianuro en la dependencia donde estaba detenido.