Tras meses de amenazas, el presidente Rodrigo Duterte retiró ayer a Filipinas de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de ataques "intolerables" por tratar de investigar su guerra antidroga, que suma más de 7.000 muertos.

Lo hizo a través de un comunicado en el que asegura que "Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma", el instrumento constitutivo de la CPI adoptado en 1998 y cuyos 123 miembros actuales incluyen a la mayoría de países de Europa, las Américas y África.

En el comunicado, el jefe de Estado argumenta que la CPI trata de violar la soberanía de Filipinas al abordar un asunto que corresponde a los tribunales del país y acusa a funcionarios de la ONU de actuar de mala fe contra su Gobierno.