Rusia ha decidido aprovechar la segunda ola del coronavirus para restringir, mediante la aprobación de nuevas leyes, las libertades políticas y la capacidad de maniobra de la oposición al Kremlin de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

"No buscamos agarrar y prohibir, pero queremos protegernos de la injerencia" externa con estas leyes, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, al reunirse con el Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin.

Putin respondía así a las agrias críticas contra varias leyes draconianas que la mayoría oficialista en la Duma o Cámara baja se dispone a aprobar antes de que termine el año con el argumento de defender la soberanía de la "mano negra" de Occidente.

Se trata de leyes que afectarán la actividad de opositores, activistas, periodistas, observadores electorales y corresponsales, además de ONG, lo que ha llevado al Consejo de Europa a dirigirse a Moscú para que dé marcha atrás.

El proyecto de ley más controvertido y que fue aprobado esta semana en primera lectura por la Duma es aquel que plantea catalogar como "agente extranjero" tanto a personas físicas como a organizaciones sociales que "reciban financiación extranjera y participen en la vida política del país".

Una vez sea aprobada la ley, promovida por el partido del Kremlin, Rusia Unida, las autoridades podrán designar "agente extranjero" a cualquier particular, incluido un ciudadano extranjero, o periodista implicado en actividades que las autoridades consideren "políticas".

Según el diputado oficialista Vasili Pisarev, "actividades políticas" significa organizar mítines, intentar influir en los resultados electorales o en la adopción de ciertas leyes.

Eso afectaría a organizaciones como Gólos (Voto), que velan por la limpieza de los comicios, Greenpeace o aquellas asociaciones o grupos formados por periodistas de investigación, una moda al alza en Rusia.

Dichos "agentes extranjeros" deben registrarse ante el Ministerio de Justicia y presentar documentación dos veces al año sobre sus actividades y fondos recibidos del extranjero, además de catalogar cualquier publicación con esa etiqueta.

Los miembros de Rusia Unida también se proponen impedir por ley que esas personas puedan ostentar cargos en la administración pública, tanto local como federal.

En el caso de aquellos políticos que reciban fondos del exterior, deberán precisarlo cuando presenten su candidatura en unas elecciones.