Trump se reafirma en el veto en medio de un fuerte conflicto jurídico y político
Una juez anula parcialmente el decreto que impide el acceso de ciudadanos de siete países y 16 fiscales se rebelan contra él
La oposición a sus decisiones y las protestas se recrudecen
El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió ayer su polémico veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, pese a la ola de protestas que ha provocado dentro y fuera del país norteamericano, y al conflicto jurídico que ha motivado la rebelión de 16 fiscales estatales y la anulación parcial de la orden por parte de un juez de Nueva York.
El decreto suspende el ingreso en EEUU de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Iraq, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.
Pese al aluvión de críticas de líderes internacionales, legisladores demócratas y republicanos (el partido de Trump), y los fallos adversos de varios jueces federales, ni el presidente ni su Administración mostraron signo alguno de dar marcha atrás. "Nuestro país necesita fronteras sólidas y una vigilancia extrema, ahora. Miren lo que está sucediendo en toda Europa y, ciertamente, en el mundo, ¡un lío terrible!", escribió Trump en Twitter.
El veto provisional generó una gran confusión e indignación en aeropuertos del todo el mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio estadounidense y entre 100 y 200 pasajeros -según la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU)- eran retenidos a su llegada a EEUU. La medida desató la ira de manifestantes que se congregaron el sábado en decenas de aeropuertos de todo el país. Las protestas continuaron ayer en importantes ciudades de EEUU, como la capital, Washington.
Una juez federal bloqueó a última hora del sábado (madrugada del domingo en España) parte del polémico veto en respuesta a una demanda de la ACLU contra la orden ejecutiva de Trump, que cuestiona su constitucionalidad.
La juez Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), resolvió que los refugiados u otras personas afectadas por la medida, y que llegaron a aeropuertos de EEUU tras emitirse el decreto, no pueden ser deportados a sus países. Tras el dictamen de la magistrada, jueces federales en Alexandria (Virginia), Seattle (Washington) y Boston (Massachusetts) adoptaron decisiones similares. Además, los fiscales generales de 16 estados de EEUU, nueve gobernados por demócratas y siete por republicanos, condenaron el veto, que tildaron de "inconstitucional, antiestadounidense e ilegal".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que aplicará la orden de Trump, pero también aseguró que "cumplirá los mandatos judiciales".
El decreto del magnate se topó con el rechazo de los legisladores demócratas, como el líder de la minoría de ese partido en el Senado, Charles Schumer, quien exigió a Trump "revertir" el "miserable" veto y adelantó que evaluará medidas legislativas para frenar la orden. Trump también sufrió los reproches de dos influyentes senadores republicanos: John McCain (ex candidato presidencial) y Lindsey Graham
Además, varias de las mayores tecnológicas de Estados Unidos, incluidas Google, Apple, Microsoft y Facebook, criticaron el veto en las últimas horas. Google, en concreto, estima que puede afectar a 187 trabajadores.
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