La solución a los problemas financieros de Grecia sólo puede encontrarse en la "familia europea", aseguró su ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, en una entrevista que publicó ayer el diario económico Naftemboriki.

Quien prepara escenarios para una salida de Grecia de la Eurozona le hace "un muy mal servicio a Europa", añadió Varufakis, a dos días de la visita a Rusia del primer ministro griego, Alexis Tsipras.

El viaje a Moscú lleva días generando titulares en la prensa con rumores acerca de que Grecia podría buscar créditos fuera de la UE, como en Rusia o China. A todos ellos Varufakis les responde que "la solución de la crisis (...) atañe a la familia europea y tiene que ser encontrada en el marco de la UE".

Y es que el Gobierno griego inició ayer una semana clave de negociación con sus acreedores, en la que deberá afrontar un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), una complicada subasta de Letras del Tesoro, además de prepararse para el desembolso de salarios y pensiones el día 15.

Tras las especulaciones de los últimos días acerca de una posible solicitud de aplazamiento del pago al FMI, lo que hubiera acercado a Grecia a la quiebra, Varufakis dejó el domingo claro que el pago de los 450 millones de euros se efectuará, tal y como estaba previsto, el jueves. "Grecia tiene la intención de cumplir todas sus obligaciones frente a sus acreedores para siempre", dijo Varufakis en Nueva York tras reunirse con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

Con ello quiso poner punto final a la incertidumbre generada por las ambigüedades alimentadas en este tema por el propio Gobierno de Syriza.

El primer ministro, Alexis Tsipras, contribuyó a este debate al advertir en una carta escrita a sus socios de la Eurozona que si Grecia no recibía pronto ayuda debería optar entre cumplir sus obligaciones y pagar salarios y pensiones.

En total, Grecia debe pagar en abril 1.700 millones de euros en salarios y pensiones, de los que la mitad se desembolsaron ya el 1 de abril, y los restantes 850 millones deberán abonarse el día 15.

Mañana, el Estado afronta además una complicada subasta de Letras del Tesoro a seis meses que deberán sustituir 1.400 millones de euros que vencen el próximo día 14. Si las últimas subastas ya se presentaron problemáticas porque el Tesoro hubo de colocarlas a intereses cada vez más altos, ahora se añade el problema de que el Banco Central Europeo (BCE) ordenó a las entidades financieras griegas -inversores extranjeros apenas hay- no comprar bonos helenos.

Con esto, el BCE, que había ya dejado de aceptar la deuda griega como aval en las operaciones de refinanciación, dificultó aún más el acceso a la liquidez.

Desde entonces, los bancos ya prácticamente sólo pueden financiarse a través de la asistencia de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés). El martes, el banco central elevó en tan sólo 700 millones de euros el límite para la asistencia de emergencia, dejando el techo del ELA en 71.800 millones de euros.

Si bien los ingresos fiscales fueron en marzo superiores a lo previsto, como recalcó Varufakis ayer en Naftemboriki, acciones como la del BCE no hacen más que elevar la presión sobre las negociaciones con los acreedores.

En las últimas semanas ha habido quejas por parte de las instituciones que formaban la troika (Comisión Europea, BCE, FMI) sobre los numerosos obstáculos que ha puesto Grecia en las negociaciones que están llevando a cabo los cuadros técnicos en Atenas.

Las conversaciones se están celebrando en hoteles -más que nada por simbolismo, pues el Gobierno quería evitar las imágenes del pasado de la troika instalándose en los ministerios- pero la lejanía de las fuentes directas de información y la presencia de funcionarios sin capacidad de tomar decisiones ha dilatado el proceso.

En sus declaraciones, Varufakis y Lagarde coincidieron en que debe "mejorar la eficiencia" de las negociaciones, de cuyo éxito depende el desembolso de los 7.200 millones del rescate pendientes.

Mientras que los acreedores parecen aceptar la mayor parte de las reformas fiscales propuestas, sigue habiendo un claro disenso respecto a lo que Atenas denomina sus líneas rojas: la reducción de salarios y pensiones, y la flexibilización de los despidos.