El juicio al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por supuesta corrupción en acto judicial en el llamado caso Mills se reanudará el próximo 11 de marzo en Milán, después de que el Tribunal Constitucional invalidara parcialmente el pasado 13 de enero el escudo judicial que amparaba al mandatario.

Así lo anunciaron fuentes judiciales, que explicaron que en las próximas semanas el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) decidirá si continúa con el caso la jueza Francesca Vitale, quien recibió el visto bueno por parte del Consejo Judicial de Milán (norte de Italia).

El proceso Mills, así conocido en referencia al británico David Mills -otrora abogado de Berlusconi-, fue suspendido el pasado abril por el Tribunal de Milán a la espera de que el Constitucional se pronunciara sobre la ley del legítimo impedimento, que permitía al primer ministro ausentarse de los tribunales alegando compromisos oficiales en su agenda.

A esa norma se había acogido el primer ministro en reiteradas ocasiones para no personarse a las vistas alegando siempre actos oficiales, un hecho que motivó que los jueces llevaran la ley ante el Alto Tribunal para que se pronunciara sobre su validez.

Con la invalidación parcial del escudo judicial de Berlusconi dictaminada por el Constitucional, que elimina el carácter automático de la norma, ahora queda a discreción de los jueces el evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique su ausencia en las vistas.

El llamado caso Mills juzga el pago de 600.000 dólares supuestamente por parte de Berlusconi a David Mills a cambio de que éste falseara su testimonio a su favor en dos juicios de los que el mandatario salió absuelto, hechos por los que el británico fue declarado culpable de corrupción en primera y segunda instancia.

Los dos juicios en los que la Justicia italiana considera que Mills mintió a favor del mandatario fueron los que, a finales de los años 90, juzgaron el pago de comisiones a funcionarios a cambio de un trato fiscal favorable para Fininvest (el grupo de Berlusconi) y el llamado caso All Iberian, sociedad que supuestamente falsificó sus balances para financiar ilegalmente varios partidos políticos.

El caso Mills tuvo que ser dividido en 2008 en dos juicios paralelos, debido a que la aprobación de la ley de inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado (el llamado "Laudo Alfano" invalidado por el Constitucional en octubre de 2009) permitió que quedara suspendido el proceso en primera instancia a Berlusconi.

En la otra rama del caso, el Supremo italiano decretó en última instancia el 25 de febrero de 2010 la prescripción del delito de corrupción en acto judicial por el que fue condenado Mills a 4 años y 6 meses de prisión en febrero de 2009, pena que fue ratificada en apelación unos meses después.

Además del caso Mills, Berlusconi tiene pendiente el juicio por el caso Mediaset, en el que el primer ministro está imputado por un supuesto fraude fiscal y que se reanudará el próximo 28 de febrero, tras ser suspendido también a la espera de que el Constitucional se pronunciara sobre la ley del legítimo impedimento.

En fase de audiencia preliminar se encuentra el caso Mediatrade, también suspendido a la espera de la decisión del Constitucional del pasado enero y en el que se debe decidir si se juzga a Berlusconi por supuesta apropiación indebida y fraude fiscal.

A todo ello se suma la investigación por presunta concusión e incitación a la prostitución de menores del llamado caso Ruby -la joven marroquí que acudió a las fiestas del mandatario cuando era menor de edad-, por el que muy probablemente mañana la Fiscalía de Milán formalizará su petición de juicio contra Berlusconi.