Dedicado como está el Gobierno a satisfacer los deseos de la colonia del noreste –así se consideran los independentistas catalanes respecto a España–, me temo que no se está prestando la debida atención a las circunstancias de las dos provincias autónomas españolas. Más bien, se entregan concesiones al reino de Marruecos a cambio de nada; mejor dicho, a cambio de promesas cuyo cumplimiento se posterga sistemáticamente, tales como la reapertura de las fronteras terrestres de ambas ciudades. Fueron cerradas unilateralmente por Marruecos en 2020, a causa de la pandemia, y sólo se han reabierto parcialmente desde 2022.

La última visita presidencial española se saldó con un nuevo compromiso de ayuda financiera y con una nueva dilación en la mencionada reapertura, justificada por la necesidad de seguir adecuando las instalaciones aduaneras. “Completar los preparativos”, creo que se ha dicho, si bien ya en 2022 se estaban modernizando los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla), según se puede leer en la Resolución de 16/12/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad. En ese mismo año, en el mes de abril, ambos Gobiernos se habían comprometido a restablecer de manera ordenada la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías, y a adoptar los dispositivos adecuados de control aduanero. Casi dos años después, tal parece que se necesiten más preparativos que en Berlín Este tras la construcción del muro de protección antifascista, Antifaschistischer Schutzwall, según la inspiradora denominación que se le dio en la República Democrática de Alemania.

Es insólito qué, a cambio de las continuas concesiones hechas a Marruecos, algunas tan comprometidas como el reconocimiento implícito de su soberanía sobre el Sáhara, no hayamos tenido ninguna compensación; al menos, alguna que se pueda exponer públicamente. No obstante, en mi opinión, la autonomía de esa región sería la solución más sensata y permitiría que los saharauis que lo deseen puedan salir de Argelia.

Obviamente, la intención de Marruecos no es otra que dificultar la vida económica de ambas ciudades, para las cuales el comercio transfronterizo es de vital importancia y no sólo para sus ciudadanos, sino también para los marroquíes dedicados a ello, especialmente para los ocupados en el “porteo”.

Indudablemente, es necesaria una regulación del pequeño tráfico fronterizo y adaptar a éste de las instalaciones, pero ya ha habido tiempo más que bastante para ello. En la última visita presidencial se ha anunciado, por parte española, que “pronto habrá una reunión para clarificar la normativa de aduanas”. Esta bilateralidad es posible porque las ciudades autónomas no están integradas en el régimen aduanero común de la UE, lo cual, en mi opinión, ha dejado de ser beneficioso para ellas.

No obstante, al menos en Ceuta –es el caso que no desconozco del todo– estas circunstancias han llevado a un replanteamiento de su actividad económica, con el fin de reducir su dependencia de las formas convencionales de tráfico de mercancías con Marruecos. Se puede decir que han adquirido consciencia de la fragilidad de un comercio cuya existencia ha pasado a depender de decisiones de naturaleza política y no de las diferencias de precio y disponibilidad a uno y otro lado de la frontera. Esto se manifiesta en el Plan Estratégico redactado por la Mesa para la Economía. Contiene propuestas muy interesantes, asumiendo la importancia de la demanda proveniente de Marruecos y la necesidad de modificar la oferta. Entre ellas, la de facilitar y atraer el turismo procedente de Marruecos, mediante un régimen de visados temporales y una oferta de productos y servicios que se aproxime a la que puede encontrarse en la Península. Se contempla también que ha de explorarse la oferta de servicios cualificados, tales como la medicina privada y el asesoramiento profesional y técnico. Se expone con toda claridad que los polígonos del Tarajal –más de 300 establecimientos muy dependientes del porteo– necesitan una reconversión hacia el modelo de centros comerciales y se manifiesta la conveniencia de una línea marítima regular con Tánger Med, así como el establecimiento de una aduana comercial en El Tarajal.

Tras el Brexit, Ceuta ha sido receptora de empresas deslocalizadas desde Gibraltar, especialmente las dedicadas al juego on line. Esto alumbra la posibilidad de atraer también a otras empresas cuya actividad se basa en la comunicación mediante internet, ya sean operaciones comerciales triangulares, comercio electrónico, etc. Pero para esto, tal como se manifiesta en el mencionado plan, es imprescindible establecer unas reglas claras y precisas en cuanto a la aplicación de los incentivos fiscales establecidos en el Régimen Económico y Fiscal Especial. No se obvian, desde luego, las necesidades de mejora de algunas infraestructuras, tales como agua, energía y comunicaciones.

En definitiva, lo que veo en el plan es una intención clara y bien orientada de transformación de Ceuta, por eso termino haciéndome una pregunta: ¿Cuál es la justificación para que el Gobierno preste más atención a las necesidades de un país tercero que a las de dos ciudades españolas perjudicadas, precisamente, por ese país?