La enorme bolsa de paro tras la crisis de 2008 permitió que el inicio de la recuperación y de la creación de empleo en 2014 viniesen acompañadas de un deterioro persistente del peso de los salarios en el valor añadido bruto español. Entre las iniciativas para cambiar la situación ha estado la subida del salario mínimo, que estaba en 900 euros en 2019 y subió hasta 1.000 euros en 2022 y el grupo de expertos del ministerio de Trabajo contempla una horquilla entre el 3% y el 8,2% para 2023, buscando alcanzar la doble meta de mantener el poder adquisitivo perdido por la inflación y alcanzar el objetivo del 60% del salario medio.

La evolución del salario mínimo en estos cuatro años puede estar entre el 15 y el 20%, que es bastante más elevada que la productividad. Otra cosa es la evolución del salario medio y del conjunto de las rentas salariales. Los datos de la contabilidad nacional indican que la productividad laboral por número de ocupados se ha incrementado en un 4% desde 2018 y en un 7,6% medida en horas trabajadas, mientras que el conjunto de las rentas salariales lo han hecho en tan solo un 1,15%. Han sido años complejos para el trabajo asalariado, pese a lo cual el peso de las rentas del trabajo en el VAB se ha incrementado desde el 45,5% 2018 hasta el 48,6% durante el segundo trimestre de este año.

Los hechos indican que las subidas del salario mínimo no han tenido las adversas consecuencias sobre el empleo que se temían, básicamente porque el comportamiento de los salarios en general no ha estado excesivamente distanciado de la productividad. La pandemia ha contribuido, puesto que la participación de los salarios en el VAB español, que comenzó a crecer a partir de 2018, se detuvo en seco en el segundo trimestre de 2020 y ha venido descendiendo desde entonces.

El balance del conjunto es que salario mínimo y salario medio no han tenido comportamientos paralelos en los últimos años y que el del segundo de ellos ha sido básicamente coherente con el de la productividad. La consecuencia de todo ello es que el mercado de trabajo ha presentado resultados bastante más positivos que el conjunto de la economía, aunque conviene no perder de vista algunas referencias.

La primera, que cuando los salarios se ajustan a la productividad el resultado suele ser beneficioso para todos, pero si es la inflación la que se impone en los acuerdos de revisión salarial, aparece la amenaza de la espiral precios-salarios y sus graves consecuencias para el empleo. Pese a ello, el perjuicio que la inflación supone sobre el poder adquisitivo de los salarios exige alguna forma de reacción política. El pacto de rentas es la más aconsejable, pero tiene el grave inconveniente de imponer a cada parte (empresas, trabajadores y gobierno) una participación en el sacrificio colectivo.

La segunda es que el establecimiento de un salario mínimo idéntico en todos los territorios y sectores de actividad no afecta a todos por igual. Cuanto menor sea el nivel de productividad, tanto mayor la probabilidad de perjuicio. Lamentablemente Andalucía estaría entre ellas, lo que supone un nuevo argumento a favor del esfuerzo por mejorar la productividad de nuestra economía.