Quién paga la deuda pública

Cuando se aproxima el final del año, la deuda pública española asciende a 1,52 billones de euros, que equivalen al 112,9% del PIB (1,35 billones en 2022). Si nos exigieran el pago, cabríamos a 31.405 euros cada uno, cosa bastante improbable porque, aunque la vida media de la deuda en circulación (la del estado) es de 7,88 años, la realidad es que cuando llega el vencimiento, en lugar de devolverse y reducir el endeudamiento, se piden nuevos préstamos para pagarla.

Suena fatal y desde luego ningún banco entraría en este juego en el caso de préstamos personales, pero con las finanzas públicas todo es posible, siempre que los mercados respondan. Dejaron de hacerlo con Grecia en 2010, provocando una gran convulsión que contagió a otros países de la Eurozona, entre ellos España, y se bautizó como crisis de deuda soberana. Fueron años difíciles, pero nos permitió entender, por un lado, que el endeudamiento público excesivo es un importante factor de inestabilidad y, por otro, que el límite de lo excesivo lo determina la disponibilidad de los mercados de capitales a financiarlo.

En los últimos años esa disponibilidad ha sido amplia, gracias al BCE y a su programa de compra de deuda soberana, pero llegan cambios y hay que ajustar el cinturón. El acuerdo sobre nuevas reglas fiscales prevé para países como España, donde el endeudamiento sobre PIB es superior al 90%, que esta relación se reduzca un 1% anual. Pero, ¿de dónde sacar el dinero si las cuentas públicas se cierran con déficit?, es decir, si no se consigue ahorrar.

Para que una parte de los recursos públicos puedan dedicarse a amortizar deuda, los ingresos del estado tendrían que ser, como mínimo, superiores a los gastos, y sabemos que esto no va a ocurrir en los próximos años. Seguiremos gastando más de lo ingresado y la diferencia deberá financiarse con préstamos, por lo que el tamaño de la deuda seguirá aumentando. La única forma de satisfacer la nueva regla es que la economía crezca más que el déficit, de forma que la relación entre deuda púbica y PIB consiga reducirse.

Un problema es que para 2024 se prevé una moderación en el crecimiento, lo que obviamente dificulta la satisfacción de las nuevas reglas comunitarias, pero otro es la nítida percepción de que el endeudamiento excesivo engullirá una parte importante del crecimiento de la economía española en los próximos años. En realidad viene ocurriendo desde que el descontrol de la deuda pública a partir de 2009 terminase llevando el pago de intereses por encima de los 30.000 millones de euros anuales, cifra cinco veces superior a otra tan sensible como el déficit de la seguridad social en 2022.

Una parte importante del coste del bienestar que disfrutamos, el pago de intereses, se carga directamente sobre el crecimiento de la economía y se financia con más impuestas y menos servicios públicos. También habrá que detraer del crecimiento la amortización de deuda exigida por las nuevas reglas fiscales, pero el resto se lo dejamos a las generaciones futuras. Y no importa que el vencimiento medio de la deuda esté en menos de ocho años. Cuando lleguen las facturas, volveremos a pedir prestado y ya se verá quien las paga.