Un instituto público de Manresa (Barcelona) ha sido el primero, alentado por las instrucciones y las arengas de los dirigentes de la Generalitat, en rebelarse contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena impartir el 25% de las materias en lengua castellana. Así lo pidió la familia de una alumna, pero el director del centro, al parecer, se ha olvidado de que la ley es igual para todos, a riesgo de que le presenten una demanda. Cataluña no puede convertirse en un territorio por encima de la Justicia donde incluso los docentes se atrevan a desafiar a los poderes del Estado, apoyándose en las indicaciones del propio Gobierno catalán para ignorar una sentencia. No todo debería valer en política, pero los separatistas ahora pretenden, a falta de argumentos sólidos, utilizar la inmersión lingüística para abrir un nuevo frente tratando de reactivar un procés, a todas luces mortecino por su propia torpeza.

Más allá de la espiral de locura en la que se hallan instalados los independentistas, el Ejecutivo de Sánchez es el gran responsable de este nuevo órdago, dada su afición a mirar hacia otro lado. La connivencia clara entre PSOE y los separatistas ya causa auténtico estupor. Y tanto es así, que el pragmatismo suicida del presidente del Gobierno, a fin de mantenerse en la Moncloa a cualquier precio, sólo es comparable al entreguismo de un PSC al que cada vez es más fácil confundir con ERC y compañía. Por si todo esto fuera poco en esta campaña de acoso y derribo al castellano, los sindicatos UGT y CCOO se unieron a la manifestación celebrada en Cataluña en contra de la aplicación de las resoluciones judiciales favorables a proteger el español en las escuelas catalanas. Si arrinconar al resto de las lenguas oficiales durante el franquismo fue imperdonable, no tiene sentido que casi 50 años después de la dictadura se cometa el mismo error, pero ahora contra la lengua de todos los españoles, para empobrecernos aún más.