Tribuna económica

Rogelio / Velasco

Coyuntura y déficit fiscal

JUNTO a la evolución de la tasa de desempleo, la manifestación más negativa de la crisis es el espectacular cambio de signo de las cuentas públicas. En un año, el gasto público ha crecido en casi 10 puntos porcentuales con relación al PIB. Buena parte de los ingresos fiscales que se obtenían en plena expansión han demostrado ser ilusorios en la medida en que dependían de una insostenible expansión inmobiliaria, que está afectando sobre todo a las regiones del arco mediterráneo.

No hemos incorporado todavía a nuestras expectativas el significado de la crisis fiscal que padecemos, y que amenaza con instalarse durante un largo periodo, debido a la incorporación en la próxima década de decenas de miles de personas de la generación del baby boom al colectivo de pensionistas.

La aparición del déficit no es sorprendente, pero sí lo es que hayamos pasado de una situación de superávit a otra de déficit estructural, esto es, después de descontar los intereses de la deuda, las cuentas públicas todavía presentan déficit.

En España, un punto de PIB equivale, aproximadamente, a tres puntos de gasto público, dos puntos del impuesto sobre la renta y tres del IVA. Si queremos que la acumulación de deuda pública que se está produciendo no genere un efecto bola de nieve, posiblemente necesitemos entre cinco y seis de esos puntos para impedirlo. Por tanto, para la sostenibilidad de la deuda, tenemos que prepararnos para soportar una congelación o reducción del gasto a partir del próximo año -respecto del actual- y una elevación de impuestos.

Respecto de lo primero, tendremos que incorporar una reducción de nuestras expectativas acerca de la inversión en infraestructuras (los AVE van a tardar más tiempo del declarado). Pero también respecto de servicios básicos como la salud y la educación, los dos componentes más importantes del gasto. Otros gastos discrecionales como los dedicados a la cultura o comprometidos, como los servicios sociales, se van a ver también seriamente afectados. Ni de lejos podremos, durante los próximos años, satisfacer una mejora del bienestar que dependa de las Administraciones Públicas.

Por el lado de los impuestos, la reciente elevación de los aplicados al tabaco y gasolina no será la última. Y posiblemente veremos cómo el IVA y el impuesto sobre la renta no experimentan ninguna reducción en sus tipos, más bien al contrario.

La situación de déficit público se irá suavizando en la medida en que el resto de Europa empiece a remontar la crisis. Pero será compensada por una carga de la deuda más elevada, especialmente cuando los tipos de interés se sitúen a niveles más elevados y sostenibles.

La financiación autonómica también jugará su papel. Se han levantado tales expectativas con el nuevo sistema de financiación, que ya resulta imparable la sustitución del sistema vigente. El proceso tiene lugar en el peor momento y si hubiese verdadera cooperación entre las comunidades y el Estado, se debería posponer para una coyuntura más favorable, como una antiguo líder socialista ha hecho público. Esperemos que los que más están presionando y mayor ansiedad muestran por la aprobación del nuevo sistema, no se hagan daño a sí mismos apoyando un sistema en el que la suma de las partes es mayor que el todo.

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