Editorial: PSOE y PP, en la batalla de los ERE

LA imputación judicial del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha elevado cualitativamente la relevancia política del escándalo de los falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de la última década. Por un lado, la investigación interna de la Junta ha revelado que los beneficiarios irregulares de las subvenciones públicas a empresas en crisis no son cuatro o cinco, sino decenas y en casi todos los casos, personas del entorno familiar o político de los socialistas en el poder. Por otro, que el consejero Fernández haya sido imputado, y su antecesor vaya por el mismo camino, sube el listón de la responsabilidad política y refleja la existencia de una trama organizada, más que de individuos aprovechados por su cuenta. Esta semana se han hecho públicas iniciativas de los dos partidos mayoritarios, conscientes ambos de la gravedad de la situación creada y del potencial explosivo que envuelve a este caso. El Partido Popular apunta claramente al liderazgo del socialismo andaluz pidiendo la dimisión del presidente Griñán y del ex presidente Chaves. Su argumento es que Griñán, cuando era consejero de Hacienda, fue el destinatario de los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía de que los fondos de la Dirección General de Trabajo se estaban distribuyendo sin atenerse al procedimiento administrativo ordinario. A esta acusación de los populares trató de salir al paso preventivamente la actual consejera de Hacienda, entonces viceconsejera, al asumir que era ella la receptora de los dictámenes y no los comunicó a Griñán por no tratarse de críticas con orden de actuación. También los socialistas han articulado al fin una estrategia de defensa más sólida. Aunque su punto débil sigue siendo la negativa reiterada a una comisión parlamentaria de investigación sobre las irregularidades, son de destacar la voluntad de remitir a la autoridad judicial todos los expedientes anómalos detectados, la personación como acusación de la propia Junta en defensa del interés público, la exigencia de devolución de los fondos percibidos por los intrusos y la determinación de expulsar a los mismos de las filas del PSOE andaluz. El escándalo de los ERE pasará factura, sin duda, al partido que gobierna Andalucía desde hace treinta años. Lo justo sería que la factura se atuviese estrictamente a la realidad de los hechos, sin suavizarlos ni exagerarlos.