EL anuncio por parte de ETA del cese "definitivo de su actividad armada" (es decir, terrorista) se esperaba desde que el mundo radical vasco escenificó, el pasado lunes, la presunta cobertura internacional a la liquidación de la banda, apenas matizada por la demanda de diálogo con los gobiernos de España y Francia sobre lo que ese sector llama "el conflicto".

El alejamiento de Batasuna de la organización terrorista, desde el final de la última tregua, y la extrema debilidad de la misma por la eficaz acción policial y judicial que había descabezado en varias ocasiones a ETA, y cada vez en menos tiempo, hacían completamente previsible que los etarras asumieran su derrota.

El comunicado de ayer ha venido a certificar que ETA, en efecto, se bate en retirada sin haber conseguido ni uno solo de los objetivos políticos que se planteó desde su nacimiento.

Es fundamental, en este sentido, que los encapuchados que leyeron el texto de la banda, lleno de alusiones a su concepción sobre Euskadi y reivindicaciones pendientes, emplearan el calificativo "definitivo" para referirse a la nueva situación. No es una tregua, sino una decisión final que termina con 43 años de violencia. No obstante, no debemos abandonar la cautela tratándose, como se trata, del más acérrimo y sanguinario enemigo del sistema democrático de España.

ETA no ha anunciado que se disuelve como tal organización ni que vaya a entregar las armas de las que aún dispone. Cabe suponer que son bazas que quiere guardarse ante una eventual negociación con España y Francia, que la propia banda insiste en pedir, sobre "las consecuencias del conflicto", es decir, los presos y los activistas que han muerto en enfrentamientos con la fuerza pública o víctimas de sus mismas acciones. En todo caso, con la firmeza y unidad demostradas, el Gobierno actual y el que venga son conscientes de que ETA se encuentra en una posición de máxima debilidad y que su disolución final está mucho más próxima. Pronto será una pesadilla del pasado y dejará de causar sufrimiento y dolor.