la esquina

José Aguilar

Seguridad de siete a tres

TENEMOS una seguridad pública de alta cualificación y perfectamente homologable a la de los países de nuestro entorno, pero de vez en cuando reaparece la chapuza nacional para sonrojarnos: la droga que se incauta a los traficantes vuelve al mercado, robo mediante.

Ocurrió en Sevilla hace tres años, cuando de la Jefatura Superior de Policía desapareció una elevada cantidad de cocaína. En casa del herrero, cuchillo de palo. Fue un asunto interno. Quiero decir, que en el robo participó un policía con acceso a las dependencias donde se guardaba la mercancía. Ahora ha sido en Málaga, donde al menos 300 kilos de droga en polvo fueron sustraídas de un depósito en el recinto del puerto que ha sido asaltado con premeditación, nocturnidad, alevosía y facilidad. Mucha facilidad.

La chapuza es evidente. De tebeo. Los agentes han denunciado reiteradamente que las cámaras de videovigilancia que conectan el depósito con el cuartel de la Guardia Civil encargado de la seguridad portuaria estaban inoperativas de manera casi permanente -funcionan vía internet, pero el sistema se caía con frecuencia-, y recibían la respuesta-tipo de las compañías de servicios a los clientes privados: ya irá el técnico. De nada podían servir las siete cámaras interiores y cinco exteriores ni los numerosos detectores sísmicos colocados en las paredes para registrar vibraciones o perforaciones, que habían sido inutilizados por los asaltantes. A ellos no les ha faltado profesionalidad.

La vigilancia presencial, que normalmente resulta más disuasoria -burlarla implica el uso de la violencia física-, era del tebeo. Consistía en un dispositivo contratado a una compañía de seguridad privada con horario de oficina antigua: de siete de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, siempre que uno de esos días no fuera festivo. Equivale a poner un cartel en la puerta anunciando a los narcoladrones que podían robar solamente por las tardes, las jornadas de fiesta y durante los fines de semana.

A todo esto se añade la incomprensible situación de que se conserven grandes cantidades de droga aprehendida durante meses, e incluso años, sin que los jueces ordenen su incineración cuando a efectos de pruebas en los procesos correspondientes bastaría con custodiar una pequeña partida y deshacerse del resto, evitando el peligro de robo -que no puede estar más justificado, a la vista queda- y la desmotivación de los policías y guardias civiles que arriesgan sus vidas en la lucha contra el tráfico. El ministro del Interior, Antonio Camacho, promete una investigación completa y rápida que permitirá, dice, saber "qué es lo que falló". Ah, pero ¿todavía no lo sabe?

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