El juego ha dejado de tener edad y hay muchos más jóvenes de los que cualquiera puede imaginar con serias adiciones a las apuestas online, las nuevas tragaperras. La situación no es nueva, viene de antes de una pandemia que no ha hecho más que agravarla, y la respuesta social que ha despertado ha obligado, en parte, a las administraciones a tomar cartas en el asunto para limitar esta actividad que, no hay dudas, supone un problema de salud pública de primer orden que, si no mata, que casos hay, hipoteca la vida de muchos.

Lo cierto es que la solución que se está arbitrando desde lo público es demasiado laxa. Desde la Junta de Andalucía, que es la administración competente y también la que ha frenado la regulación en los ayuntamientos que decidieron adelantarse por la urgencia del problema, se ha aprobado un decreto en vigor desde el 3 de junio que reforma y actualiza las normas para este tipo de negocios y que, sin duda, se queda muy corto. Si con algo estoy de acuerdo en este tema con el consejero de Educación, Javier Imbroda, es que una cuestión de metros arriba o abajo no va a persuadir a los jóvenes de entrar en estos locales. O sí... la tentación no es la miasma si te lo encuentras puerta con puerta con un instituto, como ocurre en Triana. Pero está claro que hay que ir más allá que fijar una distancia mínima, que aquí es de 150 metros, entre las casas de apuestas y los lugares de reunión de menores, ya sean colegios u otro tipo de centros.

Pero lo que veo escandaloso es que un cargo público culpe a los propios jóvenes y a sus familias de caer en la ludopatía por este tipo de locales. Ocurrió la semana pasada en el Parlamento de Andalucía. Bien está que todos tengan su parte de responsabilidad, que de hecho la tienen, pero la de un Gobierno autonómico en este caso es velar por la salud pública y minimizar cualquier riesgo, más si éste afecta a menores y se trata de un tema tan complicado. Y basta con pasear por las calles y ver cómo han proliferado estos locales y cómo se publicitan para darse cuenta de que echar el mínimo balón fuera no es de recibo.

El equilibrio de intereses es difícil. La facturación de los locales de juego fue de 2.226 millones de euros en Andalucía en 2019, cuando se alcanzó un récord. La pandemia redujo en 2020 los ingresos a la mitad, según el sector, pero sólo la Junta recaudó el año pasado 20,6 millones de euros en concepto de impuesto sobre actividades del juego, a los que se suman otros 86 millones como tasa fiscal, lo que supone un total de 106,6 millones de euros en total. Hay mucho negocio en juego pero también apuestas claras con las que no se debe jugar.

El nuevo decreto, el primero que llega desde 1986, obliga a eliminar la publicidad del exterior de las casas de apuestas, vigila el acceso de menores y elimina la publicidad de la fachada de las casas de juego. Pero no debería ser un freno para que los ayuntamientos reforzasen este control ni éstos deberían dar por zanjado el tema.