EN un auto esperado aunque demoledor por su dureza y amplitud, el juez Álvaro Martín ha decidido sentar en el banquillo por el caso de los ERE a los dos anteriores presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros 24 altos cargos, entre los que se encuentran seis ex consejeros: Magdalena Álvarez (que también fue ministra), Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo. Sin quebrantar la presunción de inocencia -lo que ha hecho el juez de instrucción de refuerzo es procesar, no condenar- se puede decir que este auto es una auténtica impugnación a la forma de gobernar Andalucía durante más de dos décadas por parte del Partido Socialista. Sin duda, significa un auténtico fin de ciclo. Ya nada podrá ser igual a partir de ahora y el actual Gobierno, presidido por Susana Díaz, tendrá que tomar muy buena nota. Más teniendo en cuenta que ya no está la figura de la juez Mercedes Alaya para culparla de politización e intereses espurios.

El auto, como decíamos, es demoledor y fruto de cinco años de intensas y extensas investigaciones. Acusa a los procesados por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, aunque no imputa esta segunda figura a Chaves, Álvarez y Zarrías. Además, en sus casi 100 folios, se encuentran frases de una gran contundencia, como cuando acusa a los procesados de haber "dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero" o de prescindir "de manera total y absoluta del procedimiento establecido". También cuando afirma que "ante tales evidencias, no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del procedimiento específico, ni su alcance malversador". Son sólo algunos botones de muestra de un auto que pone sobre la mesa la sospecha de que en Andalucía se han usado de forma irregular fondos públicos para crear redes clientelares políticas que beneficiasen al PSOE.

Pero también hay que destacar que el auto del juez exculpa definitivamente a personas que en su día fueron imputadas y que han tenido que sufrir reiterados ataques contra su honor y que han visto sus trayectorias profesionales mancilladas. Entre ellos están los ex consejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel, junto al resto de antiguos vocales del consejo rector de la Agencia IDEA. ¿Quién les devolverá ahora su honor perdido, quién los resarcirá del oprobio? Una vez más, tendremos que reflexionar sobre la frivolidad (o mala fe) con la que algunas veces se convierten en condenas mediáticas las investigaciones judiciales.