La respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados anticipaba que poco podía esperarse de la primera cita en la Moncloa con Alberto Núñez Feijóo, el nuevo líder del primer partido de la oposición.

Sánchez le preguntó a Gamarra si el PP iba a Moncloa para ayudar o estorbar, ante la grave crisis económica, y añadiría que política, que atraviesa España. La pregunta es pertinente. Pero los hechos demuestran que el presidente sólo pretendía hacer oposición al nuevo jefe de la ídem, señal inequívoca de que la elección de Feijóo en sustitución de Pablo Casado le preocupa. Y mucho.

De la crisis económica hay poco que decir para certificarla. Los pronunciamientos del Banco de España y de la Autoridad Fiscal (Airef) de esta semana lo explicitan de forma diáfana. El crecimiento se ha visto bruscamente recortado porque los problemas preexistentes y que el Gobierno no quería ver -singularmente la inflación- se han catalizado por la acción criminal de Vladimir Putin en Ucrania.

Menos crecimiento y freno al empleo. Eso diagnostican esas autoridades. Eso sí, con menos déficit, ya que la recaudación fiscal está siendo de récord porque, pese a que el alza de precios ronda el 10%, ni se tocan los tramos de IRPF ni se baja el IVA, por ejemplo, de los carburantes. Y es ahí donde radica el principal desencuentro entre Gobierno y PP. Entre Sánchez y Feijóo.

El aún presidente gallego quiere que el plan de choque se note claramente en el bolsillo del ciudadano y eso exige rebajar impuestos. Con mesura y temporalmente, pero bajarlos. No es más que pedirle que cumpla lo que prometió a todas las autonomías en la última Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma.

Pero la mentira es el modus operandi de Sánchez y su Gobierno, que exige adhesión gratuita a sus políticas mientras lo que establece son mecanismos complejos que perjudican a los ciudadanos y a las empresas. En vez de bajar el IVA al combustible, que sería fácil de aplicar y automático, propone un descuento que ha puesto contra las cuerdas al sector de las gasolineras. Qué decir de lo que hizo en la huelga del transporte, que agravó con soberbia e imprevisión. Parece claro quién quiere ayudar y quién estorba. Y es ahí cuando aflora que la crisis que vivimos no es solamente económica. Es política porque tenemos un Gobierno que agrava los problemas y se niega a aplicar las recetas que ya aplican socios de la UE y que funcionan. Sólo desde la política y en las urnas puede solucionarse. Cuanto antes, mejor.