Menesterosidad y ciudadanía

Ramón González Férriz ha escrito que la próxima gran crisis política será por el aumento del coste de la vida. Además de compartir el diagnóstico creo que se puede añadir que dicha crisis será propiamente una crisis constitucional. En concreto, una crisis de legitimidad. El pacto constitucional de postguerra fue un pacto por la integración y eso incluía la integración de los pobres. La legitimidad del sistema no sólo se sostenía sobre la democratización sino también con base a un compromiso de redistribución de la riqueza a través del cual garantizar que mediante el trabajo uno accedía a una seguridad existencial y a la mejora de sus expectativas vitales. Sin el pacto del Estado Social, hecho sobre la premisa de que ciudadanía y menesterosidad son incompatibles, no se entiende la legitimidad de nuestras constituciones. La realidad es que los actores de ese pacto, los grandes partidos de masas que llevaban ese compromiso en su ADN, están desapareciendo. El sistema de partidos de postguerra en Italia o Francia ha muerto. El inglés está a punto de mutar y el alemán, como otros tantos en Europa, resiste como puede el empuje de la extrema derecha. Lo significativo, no obstante, es que incluso donde los actores se mantienen, como en España, el problema de la pauperización ocupa un lugar residual en su discurso público. Así, en nuestro bipartidismo puede constarse la distinción que plantea Picketty entre una izquierda brahmán, de estética anti obrerista, conectada a las élites educativas y que busca su hegemonía a través de batallas culturales; y una derecha mercantil, vinculada a élites económicas que en determinados territorios, como en el madrileño, puede llegar a afirmar que la justicia social, eje de nuestro contrato constitucional, es sólo cultura de la envidia e invento de perdedores. La realidad es que en España hay una erosión silenciosa del pacto social. No es sólo la dificultad para acceder a la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo, sino también el deterioro de servicios públicos como el sanitario o la merma de protagonismo de ascensores sociales como la Universidad Pública. En este contexto donde pierde valor el trabajo como garantía de la prosperidad, y donde a la izquierda del bipartidismo rige un discurso elitista y narcisista de la identidad, son los partidos antinmigración los que conectan con quienes ven frustradas sus seguridades materiales, que cada vez son más. Paradójicamente, son también estos partidos reaccionarios aquellos que impugnan el pacto social de postguerra. Es decir, el Estado Social y Democrático de Derecho.