LA respuesta de Rajoy a las manifestaciones a favor de acabar con los privilegios forales en País Vasco y Navarra ha sido contundente: ni son privilegios ni está dispuesto a modificar la Constitución para acabar con ellos. En los territorios afectados la reacción también ha sido inmediata y enconada. Primero el insulto, con calificativos como el de jacobino para todo el que proteste. Luego desaires, exigiendo al resto que deje de meter las narices en cuestiones que sólo a ellos conciernen. Por último, la típica amenaza de portazo, a veces cargada de sutilezas interesadas, como que la suspensión del concierto legitima el retorno a la situación foral previa a 1868, que el nacionalismo vasco-navarro identifica como independencia política plena. Falso e interesado, puesto que sí constituye un privilegio la posibilidad de tratar al estado de tú a tú a la hora de negociar la financiación autonómica, aunque lo primero que hay que cuestionar son los pretendidos fundamentos de unos derechos históricos que, en el fondo, no dejan de ser una cuestión pendiente de resolver desde finales del XIX.

Cuando al final de la tercera guerra carlista los liberales pretendieron llevar sus reformas constitucionales contra la monarquía absoluta y los privilegios de la iglesia, la nobleza y los grandes terratenientes a los territorios derrotados, se encontraron con que las instituciones que habían estado en manos carlistas habían desaparecido. Tuvieron que recurrir provisionalmente a las diputaciones, que se encargaron de recaudar los impuestos y, tras retener lo necesario para sus necesidades, entregar el resto a la incipiente hacienda pública del Estado. El sistema desapareció con Cánovas y su intención de acabar con los privilegios y la desigualdad, aunque posteriormente se acordó impulsar la fórmula del concierto económico, como reconocimiento a la transición del carlismo a la democracia.

No existen, por tanto, fundamentos históricos que legitimen la soberanía foral como alternativa al concierto y no es cierto que la fórmula no proporcione importantes ventajas económicas y fiscales, como pueden acreditar las comunidades vecinas, perjudicadas por los episodios de competencia fiscal desleal, o se deduce de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vascos disfrutan del nivel de PIB (Producto Interior Bruto) por habitante más alto de España, pero el de renta disponible es todavía mayor, lo que significa que no solamente no contribuyen a la solidaridad con el resto, sino que incluso son beneficiarios de la misma. Con Navarra ocurre algo parecido. Es la tercera en PIB por habitante, pero la segunda en renta disponible y la causa de ello es la deficiente negociación del cupo que da lugar a la absurda situación de que cada año se cierre con saldo negativo, debido a que las devoluciones del Estado por concepto de IVA y otros ajustes es superior al propio importe del cupo.

Puede entenderse la resistencia del gobierno a introducir el problema de los privilegios forales en su apretada agenda política, pero es inaceptable que, frente a la intransigencia con el resto, se ponga de canto ante algo que funciona tan rematadamente mal y que es profundamente injusto.