COMO era de esperar, se han producido reacciones adversas al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de la mayoría de los partidos que tienen representación en el Parlament, así como de destacados intelectuales próximos al nacionalismo o al catalanismo. No me corresponde juzgar los aspectos jurídicos de la sentencia. Expertos en Derecho Constitucional se están prodigando estos días con innumerables artículos de opinión.

Hay, sin embargo, un aspecto fundamental en el Estatuto con un fuerte contenido económico: el sistema de financiación que regiría de haberse aprobado. El TC ha desechado la posibilidad de un sistema de financiación distinto al que tienen las CCAA de régimen común, impidiendo, por tanto, que se establezca una relación bilateral entre Cataluña y el Estado. Pero más allá de la relación bilateral con el Estado, el núcleo del sistema propuesto introducía fuertes restricciones a la política fiscal territorial del Gobierno central. Si los recursos que Cataluña transfiere al Estado dependen de la posición relativa en términos de renta por habitante y del esfuerzo fiscal relativo de cada territorio, las acciones compensatorias territoriales del Estado quedarían fuertemente condicionadas.

El condicionamiento deviene no sólo del mecanismo que se articulaba, sino por ser la comunidad con mayor PIB de España. Hay que añadir a este escenario los regímenes particulares del País Vasco y Navarra ¿Quién queda al final para que el Estado pueda desarrollar mecanismos territoriales compensatorios? Madrid.

El criterio subyacente en el mecanismo contemplado en el Estatuto, es que sea equiparable al vigente en Estados federales de referencia. En la práctica, se refiere a Alemania. Pero la contribución de cada länder alemán al PIB federal es el más equilibrado que pueda encontrarse, con lo que las transferencias entre länders son reducidas. Si se escogiese, por ejemplo, el de EEUU, encontraríamos que Nueva Jersey transfiere el 30% de su renta a la Unión y que el 70% de las rentas de Alabama provienen también de la Unión. Nadie pide allí mayor autonomía financiera por esas transferencias.

El desorbitado drenaje de recursos al que se refieren algunos en Cataluña ha demostrado ser en el peor de los casos (dependiendo del método de cálculo) no superior al 7% del PIB, algo perfectamente asumible en los Estados occidentales desarrollados.

La historia es el elemento fundamental que sustenta a los nacionalismos. No estaría demás recordar ahora que la historia industrial de Cataluña (y de otras CCAA) hubiese quedado en la nimiedad si no hubiesen contado con una política arancelaria que las favoreció de manera decisiva y que fue financiada por todos los territorios de España. Políticas arancelaria e industrial con las que estoy de acuerdo, pero que hay que recordar hoy para refrescar la memoria de aquéllos que olvidan selectivamente.

Integrados en la UE, a algunos España les estorba. Pero fue imprescindible durante dos siglos.