Más tiempo y más cómplices

EL moribundo Gobierno del Reino de España sobrevive aliviado por el balance de la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre las graves acusaciones de corrupción que afectan a su Gabinete y su partido y que investiga el Tribunal Supremo. Celebran que sigue vivo, aunque el formato –sin votación– nunca podría haber supuesto el final formal de esta legislatura inviable: sólo él puede disolver las Cortes Generales o presentar una cuestión de confianza –que sí que se vota y forzaría su dimisión si cosecha menos síes que noes–, descartada la moción de censura porque el PP de Alberto Núñez Feijóo cree que presentarla, por motivos políticos y para perderla, sólo daría oxígeno al inquilino de La Moncloa. Esto es: le dan tiempo, pero los socios de investidura no votaron la continuidad del Gobierno, que condicionan en todo caso a que la corrupción no “escale”, en palabras del portavoz in pectore del bloque de investidura, Gabriel Rufián: “Si esto se queda en tres listos que se repartieron mordidas, usted se tiene que quedar”.

En el pecado llevan la penitencia: ni Rufián ni tampoco Yolanda Díaz (que acudió a la tribuna desde el escaño en su grupo y no desde el banco azul) parecen darse cuenta de que lo único que hacen es afianzar su papel de cómplices que toleran una corrupción que el propio Sánchez admite al condenar a Santos Cerdán y José Luis Ábalos –y con ellos a Koldo García– con las evidencias mostradas ante el Supremo en los informes de la UCO. Porque la corrupción está instalada en el corazón del Gobierno y en el Ministerio más inversor, y los investigados ya distan mucho de ser tres: sumen como mínimo a la ex presidenta de Adif y al ex director general de Carreteras, ambos en la parte del caso que depende de la Audiencia Nacional. Sin contar que el Supremo ya quiere indagar en las cuentas del PSOE.

Lo peor, empero, no es la evidencia de que amparan una corrupción que ya no es de dos o tres manzanas podridas, como queda visto, sino que el único argumento para no dejar caer al Gobierno es que gobernaría la derecha y la ultraderecha tras unas nuevas elecciones a Cortes Generales. Aunque quienes lo dicen militan en su mayoría en la izquierda, su posición es profundamente antidemocrática: para que ocurra eso el pueblo soberano debe antes otorgar una mayoría de al menos 176 escaños del Congreso, justo la razón por la que Sánchez volvió a ser investido en esta legislatura inviable, que vegeta con tal de impedir la alternancia.