LA mayoría de titulares y enfoques periodísticos dedicados al arranque de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 19 de junio sitúan los comicios en clave nacional. Una suerte de primera vuelta de las próximas votaciones a Cortes Generales, que deberían ser en el ultimo trimestre de 2023, siempre que el presidente Pedro Sánchez no altere el calendario usando sus prerrogativas legales para adelantarlas o apurar al máximo los plazos –ya lo hizo Mariano Rajoy en 2015– para celebrarlas incluso en enero de 2024, para no interferir en la Presidencia Europea española del segundo semestre del año próximo.

La coincidencia en los sondeos al vaticinar un potencial resultado de victoria clara del PP y mayoría absoluta de derechas, sumando con Vox, apuntalan ese enfoque, sin duda correcto, de que un resultado así supondría un cambio de ciclo desde esta convocatoria, que abre un calendario que llevará a votar en menos de un año para renovar las cámaras en las autonomías del artículo 143 de la Constitución –salvo Castilla y León que se adelantó– y los ayuntamientos y diputaciones, además del Congreso y Senado.

Pero considerar estas elecciones una primera vuelta de las generales es una trampa, para Andalucía y para los principales partidos que concurren, porque se obviarán los problemas reales de los andaluces.

No le conviene al favorito en la carrera electoral, el PP-A, que basa su oferta en decir que con Juanma Moreno al frente no sólo ningún derecho sustancial se ha perdido, sino que la región ha avanzado. Menos aún le conviene al PSOE-A, porque hay un clima de descontento con el Gobierno central y hacerlo sería enfatizar que el 19-J es la primera ocasión de darle una torta, en sentido figurado, a Pedro Sánchez, cuando el bofetón se lo llevaría Juan Espadas. Probablemente sólo beneficia a Vox, que sólo ve a Andalucía como un instrumento para su único objetivo: España.