La aldaba
Carlos Navarro Antolín
Era urgente guardar silencio, alcalde
PAMPLONA ya había tenido como alcalde al Joseba Asiron entre mayo de 2015 y junio de 2019. EH-Bildu ya sabe lo que es gobernar la que en su imaginario debe ser la capital de Euskal Herria. Sin embargo, su elección ayer tras un mandato en la oposición –más el primer semestre del actual– supone un cambio sustancial, no sólo para la política navarra sino para la española. Porque la relevancia de que el partido abertzale ostente otra vez el bastón de mando pamplonés es que sólo era posible con el apoyo del PSOE, ese partido que nunca pactaría con la organización política –legal– en la que se refugia lo que queda de Batasuna, partido ilegalizado en España en 2003. Bildu todavía la dirige Arnaldo Otegi, quien estuvo condenado por terrorismo, y en las últimas elecciones locales –en mayo de 2023– presentó en sus listas a 44 terroristas, siete de ellos con delitos de sangre.
“Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o veinte. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos pactar”. Este compromiso, formulado por Pedro Sánchez en 2016, ha quedado tan roto y vacío como cualquiera de las líneas rojas que se ha saltado para mantenerse en el poder. No viene de ahora. Bildu prestó dos de los 180 votos que el primero de junio de 2018 le abrieron la Moncloa en otra moción de censura, la de Mariano Rajoy. También en la anterior legislatura, aunque los abertzales se abstuvieron en enero de 2020 cuando fue investido por segunda vez, sus votos apoyaron distintas políticas del Gobierno. Y en ésta, en que era imprescindible que EH Bildu le apoyase para seguir gobernando, no sólo pactó y se prestó a hacerse una foto infame con su portavoz, Mertxe Aizpurua –condenada por apología del terrorismo de ETA–, sino que es el único acuerdo que no fue dado a conocer. Pamplona es el primer pago. Y probablemente no sea el único.
El PSOE y Pedro Sánchez sostienen para justificar el salto cualitativo de ayer que es un pacto estrictamente local. El problema es que su credibilidad es nula: inexistente. Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona es cruzar un límite inimaginable hasta hace bien poco, porque supone no sólo aceptar los votos manchados de sangre inocente –que macabra paradoja que se haya votado esta moción de censura un 28 de diciembre– sino prestar los sufragios socialistas para hacer posible que gobiernen. Atentos a las elecciones vascas de la próxima primavera y qué equilibrios obligará a hacer.
¿Es ésta la última línea roja que quedaba por quebrar? Probablemente no. Y ahí radica la infamia de esta legislatura inviable, que no habrá límite ético o moral que frene el proceso destituyente que asume como condición sine qua non para ejercer el poder.
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