EL consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha cifrado en entre 500 y 600 millones de euros la deuda que la Junta de Andalucía todavía debe a las diez universidades públicas de la comunidad tras más de siete años de crisis económica. Ramírez de Arellano, ex rector de la Hispalense y hombre que conoce a la perfección los problemas de la educación superior andaluza, asegura que su intención es reducir sustancialmente dicha cantidad en los próximos dos años, objetivo que nos parece un tanto optimista teniendo en cuenta los nubarrones que persisten en el horizonte económico. Lo más destacable y aplaudible es la intención del consejero -que en su época de rector fue muy duro con la Junta por la deuda- de transferir a las universidades en 2016 unos 1.200 millones de euros y, sobre todo, de retomar las ayudas a la investigación con 150 millones tras años de inexplicable abandono que han puesto a nuestra ciencia en una situación insostenible.

Bienvenidas sean, pues, las buenas y sinceras intenciones de Ramírez de Arellano. Sin embargo, cada vez parece más evidente, pese a ser un tabú en los círculos universitarios, la necesidad de abrir un debate sobre si tenemos el modelo de universidad pública más eficiente posible. No es una cuestión, como afirman algunos, de reducir el número de universidades eliminando las más pequeñas y modernas. La descentralización de la institución universitaria es necesaria y aplaudible, ya que es la mejor forma de repartir por todo el territorio los evidentes beneficios que ésta proporciona. Una vez aclarado este asunto, habría que volver a revisar cuál es la oferta de nuestras universidades, dar definitivamente el paso que nos permita dejar de considerar a estos centros como instituciones provinciales para que sean contempladas como los nudos de una red andaluza cuyo último fin debe ser la formación y la generación de conocimiento y tecnología, condición sin la cual es imposible ser competitivos en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir. La cuestión, en definitiva, es potenciar las fortalezas de nuestras diez universidades, para lo cual haría falta un auténtico ejercicio de autocrítica y sinceridad. ¿Están preparados la comunidad universitaria andaluza y los ciudadanos en general para este debate? Debería.

Hace bien la Junta de Andalucía en tomarse en serio la financiación de la universidad y la investigación, pero la eficacia de estas cantidades de dinero público sería mucho mayor si mejoramos un sistema universitario público que sigue adoleciendo de muchos defectos.